Analizan extender el Ingreso Familiar de Emergencia

Al momento, ya suman 8.846.709 los beneficiarios del bono IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) de $ 10.000 y podrían incorporarse todavía algunos miles más que están en proceso de revisión. El número se debe a los incorporados con la revisión de los casos rechazados. Se trata de casi 1,1 millón más que los 7.854.316 aceptados cuando se cerró la inscripción.

Simultáneamente, en el Gobierno analizan reformular el IFE en un programa permanente. Se complementaría con la AUH (que va del prenatal hasta los 18 años) y la PUAM ( Pensión Universal al Adulto Mayor) para mayores de 65 años, abarcando de este modo la asistencia social o los “derechos universales” a todas las edades.

El planteo se debe a que los números del programa mostraron un nivel de pobreza, precariedad e informalidad estructural mayor a los que el Gobierno estimó originalmente –3,6 millones de personas o familias- cuando anunció este programa.

Los datos del Ingreso Familiar de Emergencia indican que de los 8.846.709 beneficiaros el 88,7% son trabajadores informales y desocupados, con o sin AUH. El resto se divide entre monotributistas categoría A y B, personal doméstico registrado y beneficiarios de Progresar. El 96% son argentinos y el 4% restante residentes de nacionalidad extranjera. Y el 56% son mujeres y el 44% varones.

Con respecto a las edades, la mitad son menores de 30 años, otro 24% tiene entre 31 y 40, un 15% entre 41 y 50 años, y el 11% entre 51 y 65 años. Por el peso poblacional, el 36,3% vive en la Provincia de Buenos Aires, pero en proporción a la población, las provincias del Norte encabezan el ránking.

En Chaco, Santiago del Estero y Formosa salta al 80%, provincias que se destacan por mayores niveles de pobreza y empleo no registrado (“en negro”). En la otra punta, en las Provincias patagónicas y en la Ciudad de Buenos Aires ronda el 30% de las familias.

De esta forma, el informe abre la posibilidad de que el IFE o algún plan sustituto se transformen en permanente. “A la pobreza y desigualdad estructural de la economía se le sumaron actividades nuevas, los nuevos sectores vulnerables por la crisis causada por el COVID. La fragilidad económica en la que se desenvuelven los/as cuentapropistas, personas desocupadas, trabajadores/as informales y trabajadoras de casas particulares excede el contexto de la pandemia. El IFE es, a la vez que una respuesta ante la crisis provocada por la pandemia, una herramienta concreta que permite al Estado dar un primer paso para captar a los/as trabajadores informales, en el camino a ampliar derechos”, señala. (Filo News)