Traficante de cocaína más grande del país financió un dibujo animado.

El abogado Carlos Alberto Salvatore, cerebro del caso Carbón Blanco, fue el más grande, el narco más grande de la historia argentina.
sábado, 16 de febrero de 2019 · 21:33

Salvadore murió condenado en mayo de 2018 en una cama del hospital Argerich, un paciente cardíaco en estado grave. El Tribunal Oral Federal de Chaco le había dado 21 años de cárcel en septiembre de 2015 por exportar 1200 kilos de cocaína entre 2011 y 2012 desde la localidad de Quitilipí hacia España en, precisamente, bolsas de carbón. Salvatore no fue condenado en vivo y en directo por este delito. Vio la audiencia final desde una teleconferencia en el penal de Ezeiza, con su polar azul, una camisa, su clásico gesto adusto.

Fue un juicio tenso, de un alto nivel de temor, en una causa minada por amenazas: Salvatore mismo había sido escuchado en una intervención telefónica hablando de matar a la jueza original del caso, Zunilda Niremperger. El abogado hablaba de irle "a la yugular" a la magistrada. Durante el proceso, los fiscales Carlos Amad y Federico Carniel, que investigaron a Salvatore, recibieron cartas con intimidaciones en sus autos y despachos. "Te mandaron lejos pero igual la vas a pasar mal", recibió Amad en su nuevo despacho en los tribunales de Salta.

Los 1200 kilos de Carbón Blanco no fueron los únicos que se le imputan a Salvatore y a su organización: hubo otros 1200 más que habrían viajado desde Campana a Valencia, ocultos también en carbón, por los que fue procesado por el Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora con un embargo de 100 millones de pesos. Otros 235, también desde Campana en 2008, esta vez en latas de durazno y membrillo. Julio de 2010, Salvatore fue imputado por enviar 762 kilos, esta vez a Bilbao, en un container que pertenecía a la firma Agroforestal del Litoral SRL. La droga, de nuevo, estaba en bolsas de carbón.

La lista sigue: diciembre de 2011, 500 kilos, otra vez desde Quitilipí hacia Torres Vedras, Portugal. También fue procesado por este caso, a cargo del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. 2012, el cargamento final, 1200 kilos nuevamente desde el puerto de Zárate en tambores de pulpa de pera, causa del Juzgado Federal de Campana.

La cuenta: 5097 kilos en total, más de cinco toneladas, a un precio valor callejero actual en el negocio mayorista dealer de la provincia de Buenos Aires de más de 50 millones de dólares, a unos diez mil dólares por kilo.

Es decir, mucha cocaína, que no tiene un valor ficticio. Generó dinero, según la Justicia federal, y ese dinero fue a algún lado.

Hoy, la larga sombra de Carlos Salvatore está otra vez en el Tribunal Oral Federal de Chaco. Su legado es lo que se juzga ahora, en un proceso que comenzó a fines de octubre de 2018. Silvia Susana Vallés, la esposa de Salvatore, Santiago Vallés Ferrer, su suegro, su hija, Carla Yanina Salvatore y Ricardo Gassan Saba, un histórico nombre en su trama, enfrentan uno de los mayores juicios por lavado de dinero en tiempos recientes con un documento de pedido de elevación a juicio de más de 200 carillas firmado en 2017 por el fiscal Carlos Sansserri y y Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, en ese entonces cabezas de la PROCELAC, maniobras comerciales que datan al menos desde 2005.

Hay campos en la provincia de Buenos Aires, algunos de más de 150 hectáreas, autos de lujo con marcas como Porsche y Mercedes-Benz, propiedades en Capital Federal y Mar del Plata, depósitos en cuentas bancarias en diversos bancos, entramados de firmas en Argentina y Uruguay, informes de la AFIP que hablan de posibilidades ilógicas de semejantes operaciones, incluso un escribano parte de la trama denunció una operación sospechosa  a la UIF por la compra de una propiedad en Lomas de Zamora en 2006 por 350 mil dólares cuando tenía un valor de mercado cuatro veces superior.

Hay hasta un informe del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos que cita la elevación a juicio que asevera que Salvatore "es propietario de varios inmuebles y de al menos una cuenta bancaria en el estado de Florida" y que "Homeland Security ha recibido periódicamente información sobre las actividades del señor  Salvatore, comenzando en 2006, cuando recibimos información de que Salvatore solía llevar consigo importantes sumas de dinero en efectivo", sospecha el organismo estadounidense, "para el lavado de activos del narcotráfico".

Los investigadores recibieron desde Estados Unidos un reporte de cinco empresas como Casilugi Corporation y Genesis Vocational Institute, varias integradas por Salvatore y su mujer. Homeland Security "no pudo determinar ni la naturaleza ni su rubro", con bienes vinculados como dos departamentos en Collins Avenue, un restaurant, mails detectados que hablan de transferencias en el Bank of America.

No hay un cálculo total de dinero. Los investigadores no lo pueden decir. La UIF, encabezada por Mariano Federici, es querellante en el juicio por lavado con los abogados Martín Olari Ugrotte y Facundo Orazi. Olari Ugrotte, en su alegato de la semana pasada ante el Tribunal, habló de un estimado de cerca de 20 millones de dólares en plata inmobiliaria, con más de 60 propiedades que ya fueron embargadas.

Plumíferos: Aventuras Voladoras, la historia de  Juan, un gorrión que sueña con un ser un pájaro exótico y Feifi, una canario enjaulada, estrenada en febrero de 2010, con las voces de Mariano Martínez y Luisana Lopilato, y animada con un software open source, no fue una película memorable, hubo críticas que la destruyeron en su momento. Tampoco fue un boom de taquilla precisamente, poco más de 52 mil espectadores en su primer año en cines, 88 mil hasta mediados de 2016, un número muy pobre, con una distribución a cargo de Sony Pictures.

La película tuvo sin embargo una sobrevida interesante:  fue vendida en una decena de  países y Netflix la anunció entre sus novedades para su plataforma latina en 2017. Se convirtió para el mercado americano en Birds of Paradise, un intento de 2014 por competir con los guacamayos de Rio 2, con las voces de Ken Jeong, Mister Chow en las películas de The Hangover, y comediantes como Jane Lynch o Jon Lovitz, que hacía de Jay Sherman en The Critic.

Plumíferos, increíblemente, logró una serie de candidaturas a los premios Goya según el propio sitio de los mayores galardones del cine en habla hispana. Hay varios rubros, entre ellos, producción. Allí, en la lista, se menciona a la principal productora: CS Entertainment, Carlos Salvatore, con un capital estimado por la Justicia federal de 700 mil dólares.

La larga imputación que el Ministerio Público Fiscal y la UIF le hacen al clan Salvatore para enviarlo a juicio por lavado tiene una especial mención para  Plumíferos. Salvatore, por lo visto, no tenía una trituradora de papeles: el allanamiento a sus oficinas en un piso 7 de la calle La Pampa al 1500 trajo de vuelta un contrato de coproducción entre CS Entertainment junto a Manos Digitales Entertainment, la segunda firma en el film, con fecha del 2 de junio de 2006.

Aportarían 350 mil dólares cada una de acuerdo al pacto en nueve cuotas, Manos Digitales "tendría a su cargo la dirección y la producción ejecutiva del largometraje", así como "contratar técnicos, actores y equipamiento", dice la elevación a juicio de 2017.

Manos Digitales, curiosamente, se había constituido como firma apenas un mes antes que CS Entertainment en diciembre de 2005, algo que llamó la atención de los investigadores. Salvatore, sin embargo, no integraba el directorio de Manos Digitales. Los fiscales usan un término sugestivo: "hombre de atrás en la maniobra". Un correo enviado por alguien que sería cónyuge de una de las cabezas de Manos Digitales con fecha de marzo de 2010 apunta a que Salvatore "adquirió la sociedad por medio de contrato de cesiones individuales".

"¿52 mil espectadores el primer año? Recuperaron con guita del INCAA", dice un histórico jugador del negocio del cine argentino. No se equivoca. Los investigadores pidieron información al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. El INCAA ratificó que Plumíferos, efectivamente, recibió un subsidio otorgado a Manos Digitales: un millón de pesos otorgados entre septiembre y octubre de 2010, seis meses después del estreno. El guionista de la película recibió 120 mil pesos más.

Mientras tanto, CS Entertainment era una cáscara de acuerdo a datos de la AFIP, no registró trabajadores entre 2005 y 2010, al menos trabajadores en blanco, ni inmuebles ni equipos de filmación. Sí registró acreditaciones bancarias: tres millones de pesos en 2014, 220 mil en 2015. De acuerdo al Banco Central, Salvatore y su mujer hoy juzgada en el Chaco eran los apoderados de una cuenta corriente en el Banco Francés.

 

Hubo, por otra parte, un tercer nombre en la producción: Telefe.

 

A través de "un proyecto de nuevo convenio", dice el pedido de elevación a juicio del MPF, "se habría establecido que la película tendría un costo de  producción adicional de 750 mil dólares. Sumado a ello, el nuevo integrante, Telefe, asumiría el rol de coproductor financiero".

Ocho años después, un jugador principal en el film rompe el silencio. Asegura que Telefe "solo puso 70 mil dólares", que para el canal de aire era una oportunidad interesante para probar la producción de  un largometraje animado, un rubro que después explotarían con el fenómeno de Metegol. Nadie sospechaba nada. Carbón Blanco ni estaba en el horizonte. "Te venía un director reconocido y te traía este proyecto, era interesante. A Salvatore lo googleabas y te salía que era un abogado dedicado al negocio inmobiliario. No había causas penales, nada. ¿Qué se se sabía de narcotráfico?"

El convenio con Telefe, por otra parte, fue encontrado en el allanamiento en la oficina de la calle La Pampa, dentro de la caja número 22, en una carpeta azul.

Salvatore ni siquiera estaba demasiado en las reuniones de producción. Se dejó ver apenas dos veces. Todos tenían la misma impresión: un abogado serio. Al final, dice la fuente, "Telefe perdió plata, la película se vendió fuera pero por dos mangos, los actores cobraron el bolo mínimo de Argentores  por estar en una cabina y dar un par de notas".

Ningún actor o co-productor fue imputado en el juicio por lavado. La UIF pidió penas de siete años para Carla Salvatore y diez para Silvia Vallés, además de fuertes multas.

El veredicto del Tribunal Federal chaqueño se espera para fines de este mes.

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