Julio De Vido y José López irán a jucio por el caso Skanska

La causa estuvo por quedar en la nada. Sin embargo, el juez Casanello dispuso cerrar la investigación y elevar el caso a un tribunal oral. Se los acusa de cohecho y administración fraudulenta.
jueves, 17 de octubre de 2019 · 20:51

El ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López tendrán que enfrentar un nuevo juicio juntos. Esta vez es por es el caso Skanska, el primer escándalo de corrupción de la era kirchnerista, que estuvo al borde de quedar en la nada cuando se anuló una grabación clave. Los delitos son cohecho y administración fraudulenta. Los sobornos que se habrían pagado rondaron los 14 millones de pesos.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso hoy cerrar la investigación y elevar el caso a un tribunal oral para que debata los hechos en juicio. Hubo planteos de prescripción por la cantidad de años que pasaron. Pero en el fallo al que accedió Infobae el magistrado hizo hincapié en que “en el caso se encuentra acreditado que Julio De Vido se desempeñó en el cargo electo de Diputado Nacional”, hasta hace dos años, por lo que los plazos de prescripción no corren ni para él ni para el resto de los involucrados.

Los acusados son De Vido y López –que ya comparten el banquillo de los acusados, con la causa de la obra pública en donde está acusada Cristina Kirchner–. Ambos ex funcionarios también están procesados en la causa de los cuadernos, en donde el ex secretario de Obras Públicas –ya condenado por enriquecimiento ilícito por los bolsos en el convento– decidió convertirse en “imputado-colaborador”.

Además de De Vido y López, en la causa Skanska fueron mandados a juicio otra treintena de acusados, entre otros, Nelson Ulloa, el ex gerente del Fideicomiso Banco Nación; y Javier Azcárate, el entonces gerente comercial de la firma que había reconocido en una auditoría interna el pago de sobornos a funcionarios.

Las defensas habían planteado que no hubo delito y también criticaron las pruebas valoradas por el fiscal Carlos Stornelli a cargo de la investigación. “Se advierte que en el dictamen presentado por el fiscal Stornelli se han expuesto los hechos y las razones, basado en un análisis de la prueba y cumpliendo con los parámetros exigidos que lo llevaron a concluir que el expediente debía pasar a la siguiente etapa. El Tribunal no observa deficiencias de fundamentación ni estructurales en la imputación. Los elementos de prueba enumerados y la individualización clara y precisa de los procedimientos irregulares que se evidenciaron en los expedientes de contratación descartan esa pretensión de las defensas. A ello se agrega la circunstancia de haberse explicado pormenorizadamente cuáles fueron las conductas que se reprochan a cada imputado”, resaltó el juez en su escrito.

La causa comenzó en 2006 por la denuncia del entonces diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez por irregularidades en la contratación del Proyecto de Ampliación de Gas 2005, implementado por el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. En diciembre de 2010, el entonces juez Norberto Oyarbide dictó decenas de procesamientos por cohecho y defraudación contra la administración pública. Casi un año después la Cámara Federal dispuso la confirmación de algunos procesamientos, faltas de méritos para otros y que el tema pasara al fuero tributario.

Así las cosas, la causa estuvo virtualmente paralizada precisamente porque faltaba la prueba clave: los audios que habían sido excluidos en donde se hablaba de las coimas. La pelea para que esa prueba volviera a ser validada la impulsó el ex procurador de Investigaciones Administrativas (PIA) Manuel Garrido. La Corte Suprema de Justicia validó su papel para apelar y la Cámara Federal de Casación Penal aceptó como prueba esa grabación.

Esa llave le permitió en abril de 2016 al fiscal Stornelli pedir que se declarara la “cosa juzgada írrita” porque se habían dictado medidas judiciales de manera fraudulenta. E incluyó en pedidos de indagatoria a De Vido o López, que nunca habían sido rozados por la investigación inicial.

“La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento. A su vez, los sobornos que se pagaron, de acuerdo al egreso que se acreditó de la firma Skanska, rondarían los 14 millones de pesos”, repasó Casanello en su resolución.

El juez precisó: “Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional”. Y se añadió: “Esas extracciones de dinero se materializaron mediante cheques a los cuales se le dio un fin específico. Algunos fueron negociados con entidades financieras predeterminadas; otros, por su parte, depositados directamente en las cuentas de las compañías aludidas, para finalmente llegar hacia los funcionarios públicos”.

“Todos estos sucesos habrían generado, como consecuencia, un perjuicio económico millonario para la administración pública, en tenor de que los sobornos pagados por los privados y recibidos por los funcionarios constituyeron un beneficio económico ilegal a título personal para ellos pero, en simultáneo, la extracción de dinero de las arcas estatales sin amparo legal alguno”, dijo.

A criterio del juez, “este accionar delictivo requirió de la presencia de tres clases de intervinientes: por un lado, los funcionarios públicos, por otro, los dependientes de la firma Skanska SA, y por último, aquellos que participaron en la confección de la facturación falsa y el cobro de cheques librados por Skanska con destino al pago de sobornos”.