El Congreso limitó las prisiones preventivas
Detenidos sin una condena firme en su contra podrían beneficiarse con la medida, pero hay que analizar cada caso en particular. Es clave en causas de corrupción.
La Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal ordenó la entrada en vigencia los artículos del nuevo Código que limitan la aplicación de prisiones preventivas por parte de los jueces. Aunque cada magistrado analizará sus expedientes, sólo podrán detener a sus acusados cuando se hayan agotado otras medidas previas.
Los primeros beneficiarios podrían ser algunos ex funcionarios y dirigentes K detenidos, como también empresarios procesados en el caso Cuadernos, por ejemplo.
También a miles de detenidos por causas por delitos que no están vinculados a la corrupción: seis de diez detenidos en las cárceles federales están con prisión preventiva.
El cambio, que comenzará a regir la semana próxima, dispone la aplicación de once artículos del nuevo Código, algunos de ellos vinculados a las detenciones de los imputados sin condena firme.
Según determinó la Comisión Bicameral de Seguimiento y Aplicación del nuevo Código Procesal Penal, antes de dictar una prisión preventiva los jueces deberán tener en cuenta:
- Si el imputado tiene arraigo
- Si tiene facilidades para abandonar el país o permanecer oculto
- Las circunstancias y naturaleza del delito que enfrenta
- La pena que podría caberle o el comportamiento que tuvo el sujeto durante el proceso
- También fijar razones fundadas sobre cuál sería el entorpecimiento de la investigación
Solo después de considerar cada una de esas circunstancias y no encontrar otra alternativa menos perjudicial, una persona deberá ser detenida.
La decisión de poner en práctica este aspecto del Código Procesal disparó la atención de jueces, fiscales y defensores en los tribunales de Comodoro Py 2002, el lugar desde donde se ordenaron las prisiones preventivas que desataron las críticas del presidente electo Alberto Fernández.
El ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta y el empresario Lázaro Báez se entusiasmaron con la decisión. Pero sus abogados defensores también destacaron al diario Clarín que la medida “busca proteger a los funcionarios de Macri, para que no se les vuelva en contra la doctrina que se usó para detener a opositores”.
Fuente: Clarín / Infobae
