Presos K presionan para que revisen sus causas y los liberen

Roberto Baratta, Amado Boudou y Lázaro Báez fueron los primeros en hacer planteos públicos.
miércoles, 6 de noviembre de 2019 · 07:26

Los ex funcionarios y dirigentes kirchneristas, que pasan sus días en prisión, comenzaron a presionar a la política y al Poder Judicial para que se “revisen” las causas por las que están detenidos, porque quieren salir en libertad y ven crecer sus posibilidades ante el cambio de Gobierno. 

Aseguran que no quieren ser indultados sino que “regrese el Estado de Derecho”. Denuncian tropelías judiciales con consentimiento del gobierno de Mauricio Macri. Se muestran alineados a las afirmaciones realizadas por el ahora presidente electo, Alberto Fernández, durante la campaña electoral. 

 

Fernández había dicho que “es ilegal y arbitrario” que estén presos muchos ex funcionarios y dirigentes porque “en el Derecho Penal argentino todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad” y sin embargo hay varios que al día de hoy no tienen sentencia definitiva.

Los pedidos desde la cárcel se suman a las “señales” dadas por la Justicia cuando liberó a ocho presos K antes de las elecciones generales, entre los que se cuentan Cristóbal López, el ex jefe del ejército César Milani y Carlos Kirchner, primo del ex presidente.

 

Hay unos quince detenidos ligados a los tres gobiernos kirchneristas vinculados a causas de corrupción.

Entre los detenidos figuran el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y su número dos, Roberto Baratta. Ambos están en prisión preventiva por la denominada “causa de los cuadernos de las coimas” y por otro expediente en el que se investigan supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL). Ambos son investigados por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío. 

 

También sigue preso desde abril de 2016 el empresario patagónico Lázaro Báez. Sobre él pesan tres procesamientos del juez Sebastián Casanello por presunto lavado de dinero vinculado a la obra pública. En febrero de este año fue encarcelado su hijo Martín.

Sin condena, continúan detenidos Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado de De Vido; los abogados Jorge Chueco, Miguel Ángel Plo y Federico Zupicich; el ex intendente de la localidad de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna; y otros ya con sentencia como Amado Boudou, José López, Juan Pablo Schiavi, Luis D’Elía, Ricardo Jaime y Milagro Sala. 

 

Pedidos de ex funcionarios

Los que más vienen reclamando son De Vido, Baratta, Boudou y Báez. Ayer, el ex número dos de Planificación, aseguró en diálogo con una radio desde la cárcel de Ezeiza que él y otros ex funcionarios no quieren un indulto.

“Comparto lo que dijo Fernández sobre la revisión de las causas. Nosotros no queremos ningún indulto sino que las causas sean revisadas desde el principio hasta el fin”, dijo. Señaló que las imputaciones en su contra fueron “inventadas como un circo para tapar medidas, malestares sociales y leyes en el Congreso” impulsadas por el Gobierno.

 

Al referirse al cambio de Gobierno, el ex funcionario dijo: “No pretendemos ponernos en el papel de víctima. Queremos que se sepa la verdad”. Según dijo, en la causa GNL hubo “dos pericias que demostraron que los supuestos hechos se denunciaron con un peritaje falso”.

Horas antes, Báez habló desde el mismo complejo penitenciario y manifestó su expectativa por la llegada del nuevo gobierno: “Ojalá este viento nuevo nos permita acceder a una Justicia verdadera”. El empresario renovó sus críticas contra la administración Macri. “Los verdaderos ladrones son estos”, aseguró.

 

Estrategia Boudou

Los abogados defensores de Boudou diseñan una nueva estrategia, con la idea de recurrir al Congreso de la Nación para que inste a la Corte Suprema de Justicia a intervenir en las causas contra ex funcionarios.

Según explicó el abogado de Boudou, el constitucionalista Eduardo Barcesat, esa estrategia tiene como objetivo conseguir un “declaración de ambas Cámaras del Congreso  dirigiéndose a la Corte para que instruya a los jueces para que haya un control de legalidad sobre las causas”.

 

Explicó que la intención es que, a través del máximo tribunal, los jueces que llevan adelante esas investigaciones reciban el siguiente mensaje: “Sabemos que han hecho trampa; les damos una oportunidad para deshacer los entuertos”.