Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa de los cuadernos

La ex presidenta está procesada en la causa como supuesta jefa de una asociación ilícita y cohecho pasivo.
lunes, 22 de julio de 2019 · 10:07

Después de los últimos dos procesamientos que dictó en esta causa, el juez Claudio Bonadio le había pedido al fiscal Carlos Stornelli que realice la acusación para elevar a juicio oral 7 causas vinculadas a los "Cuadernos de las Coimas", en la que Cristina Kirchner, empresarios contratistas del Estado y a los ex funcionarios del Ministerio de Planificación están acusados de corrupción.

El expediente, que está próximo a cumplir un año desde que se realizaron las primeras detenciones y llamados a indagatorias, incluye las causas por importación de gas licuado, recaudación ilegal de los funcionarios del ministerio de Planificación Federal a empresarios que pagaban cohecho sobre la renegociación de corredores viales, sobre los subsidios al transporte, cartelización de obra pública, lavado de activos atribuido a Daniel Muñoz y otros. Todas relacionadas con a la investigación principal del caso, en el que la ex mandataria está procesada como presunta jefa de la asociación ilícita que recaudó fondos ilegales que pagaban los empresarios para obtener contratos.

Semanas después de que Stornelli realizara su requerimiento de elevación a juicio, ahora la defensa de Cristina Kirchner solicitó ir de forma inmediata al debate oral, con duras críticas al juez Bonadio.

En plena campaña electoral y afrontando ante el Tribunal oral Federal 2 (TOF 2) su primer juicio por corrupción -se trata del direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez-, la candidata a vicepresidenta indicó en su escrito que quiere de forma inmediata ir a juicio en la causa de los Cuadernos de las coimas, aunque señaló que "en condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda. Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo, al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución Nacional",

Además de haber supuestamente dirigido una asociación ilícita, Cristina está acusada como coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas).​ Cuando firmó el procesamiento, el juez determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de "dinero ilegítimas en mano propia" no la exime de "responsabilidades". En ese marco, se dio por comprobada "la existencia de una organización delictiva" planteada por la "recaudación de coimas" que comenzó con Néstor Kirchner y que "continuó durante la gestión" de la actual senadora en la Casa Rosada. Así lo confirmaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Para la Justicia, Cristina tuvo siempre "conocimiento del sistema de recaudación" y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la "asociación ilícita".

Estos planteos fueron rechazados una vez más por la senadora y su abogado, acusando al fiscal y al juez de proceder de forma arbitraria: "Como era de esperar, se dictó un auto de procesamiento en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, nuevamente por el supuesto delito de asociación ilícita (multiplicado de manera obscena), con el aditamento de imponerle como medidas cautelares la prisión preventiva y un embargo multimillonario para dar a estas maniobras la repercusión pública perseguida. A todo ello se le adicionó una nueva práctica ilegítima, consistente en conformar nuevas causas conexas, multiplicar la misma imputación y dictar nuevos procesamientos en contra de mi representada aunque no existe una sola prueba directa que demuestre que mi asistida hubiera recibido coimas".

Otro de los aspectos criticados por la ex presidenta fue el uso de la figura del imputado colaborador (lo que se conoce como "arrepentido"), una pieza clave en el expediente. El abogado Carlos Beraldi lo dijo así: "Como es de público conocimiento, se realizaron detenciones arbitrarias a mansalva y se efectuó una aplicación totalmente ilegítima de la ley 27.304, la cual terminó siendo utilizada como un medio coactivo no sólo para arrancar supuestas confesiones a los imputados, sino también para manipular sus dichos, siempre en una misma dirección: imputar, como sea y por cualquier delito, a mi representada".

A su vez, la defensa puso en duda la utilización de los cuadernos escritos por Oscar Centeno -ex chofer de Roberto Baratta y primer "arrepentido" en la causa-, al manifestar que los "supuestos cuadernos nunca aparecieron y sólo obra en la causa lo que serían fotocopias de los mismos". Sigue Beraldi: "Insólitamente, el juez y el fiscal habrían tenido noticias de estos supuestos cuadernos desde marzo del año 2018 y pese a tratarse de una prueba básica, recién fueron a buscarla cinco meses más tarde -junto con Oscar Centeno-, cuando el proceso había tomado estado público".

Centeno, quien pidió ser sobreseído en este expediente, confesó ante la Fiscalía que quemó en una parrilla los cuadernos, "no obstante lo cual pasó a ser considerado por los instructores como un importante colaborador en la búsqueda de la verdad", sostiene el escrito de la ex Presidenta.

La maniobra
Durante la instrucción del expediente, la Justicia comprobó que en los años de gobierno kirchnerista funcionó "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, que se valieron de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y que fueron comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández".

En dicho período, según escribió Bonadio, existió un "pacto ilícito en daño de terceros" entre funcionarios y empresarios, que hizo "funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente)".
En la argumentación de los procesamientos se dijo que para ganar obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios, los empresarios involucrados "entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos "retornos" o "coimas".

Los fondos -según Bonadio- fueron pagados por el Estado por esas contrataciones que "estaban infladas en perjuicio del conjunto de los argentinos", con la finalidad de "enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos".

Los empresarios -se determinó- "efectuaron los pagos a los agentes públicos motivados por la búsqueda de beneficios económicos para sus empresas en sus relaciones con el Estado"; sin embargo, "al momento no se proyecta la finalidad" como miembros de la asociación ilícita. (Fuente: clarin.com)