Nueva denuncia: 403 periodistas espiados por la Agencia Federal de Inteligencia macrista

Según el expediente judicial, el presunto espionaje ilegal se habría realizado además sobre 28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil.
viernes, 5 de junio de 2020 · 20:14

 

El espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri suma un capítulo con una nueva denuncia judicial que da cuenta de la vigilancia que hacía la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil, y distintos dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas.

Estos nombres surgen del seguimiento realizado a partir dos eventos que se llevaron a cabo en nuestro país como la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 y la Cumbre del G20 de 2018. En la AFI el sistema de “escritorio limpio” por el cual el personal no puede dejar papeles y material de trabajo a la vista hace que cada oficina cuente con cajas fuertes.

El 24 de enero, personal de la actual intervención a cargo de Cristina Caamaño realizó una inspección ocular en la oficina ocupada por el entonces director operacional del Área de Contrainteligencia de la Agencia. Allí encontró tres sobres con las leyendas “2017”, “Periodistas G20'” y “Varios”. Se trataba de planillas que contienen fotografías, datos de las actividades en redes sociales, y referencias sobre si los investigados tienen afinidades políticas, sociales y culturales, participaciones societarias. En algunos casos hasta hay información sobre su familia y empleadas domésticas.

Estos folios son parte de una denuncia presentada ayer por Caamaño por “producción de inteligencia ilegal” que quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 de Marcelo Martínez de Giorgi. Allí se solicita la declaración indagatoria de los agentes involucrados (cuyos nombres se mantienen en reserva por la Ley de Nacional de Inteligencia); del ex director general de la AFI Gustavo Arribas; de la ex subdirectora, Silvia Majdalani, y del ex presidente Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.

 Majul, Laura Alonso y Negri, entre los espiados en la era Macri “He tomado conocimiento de la producción de inteligencia ilegal respecto a periodistas, académicos, organizaciones sociales, partidos políticos, entre otros, ello vulnerando manifiesta los términos contenidos en los artículos 4 inciso 2 de la ley 25.520”, dice parte de la denuncia. Cristina Caamaño, actual titular de la AFI, junto al jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

En el expediente hay 403 fichas confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales y visadas por el área de contrainteligencia que tendrían que ver con los trabajadores de distintos medios acreditados para la Cumbre del G20 que se llevó a cabo en la Argentina durante 2018.

“Las fichas contienen información de todo tipo y color: vinculaciones en los medios de comunicación, preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras cuestiones que nada tienen que ver con el contenido del evento para el cuál supuestamente se estaban realizando este tipo de tareas sin control ni orden jurisdiccional”, se detalla en la denuncia. Entre ellos hay periodistas y fotógrafos de la editorial PERFIL. Esta información registrada viola el artículo 4 inciso 2 de la ley 25.520 de Inteligencia que detalla que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

En la denuncia, Caamaño detalló: “Si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”. Las descripciones incluyen calificaciones como "siempre con posturas contra el Gobierno", "Se opone fuertemente al kirchnerismo", "Hay una foto con Estela de Carlotto", "Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista",

"Se destaca en FB la única página de políticos a la que le dio "Me Gusta" es la de Laura Alonso", "En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos". El Congreso se activa por la denuncia de espionaje ilegal en la era Macri Más espiados. La lista de vigilados también tuvo que ver con la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 10 al 13 de diciembre de 2017. Allí figuran distintos empresarios y personalidades de la sociedad civil que participaron y otros a los que se les negó su participación.

“Adjunto también a la presente, un informe elaborado titulado ‘Informe sobre inscriptos a la reunión ministerial de la OMC’, calificado como SECRETO, de donde se desprende el análisis de inteligencia ilegal efectuado en relación al Transnational Institute y del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio”, dice la denuncia. Según consta allí, “respecto al Instituto del Mundo del Trabajo ‘Julio Godio’, el informe también reúne datos que dejan de llamarnos la atención. En este sentido, posee un párrafo especial titulado ‘Vinculación con la UNTREF’, ¿qué medidas de seguridad puede vulnerar un Instituto cuyo trabajo se enmarca en las tareas académicas llevadas a cabo en una casa de estudios? ¿Cómo es posible pensar que el trabajo académico llevado a cabo -e incluso publicado- por una universidad pública puede alterar el orden o la seguridad en un evento internacional? ¿Qué es lo que en definitiva motivó que se realizara o encomendara este tipo de tareas clandestinas e ilegales? Muchas preguntas, pocas respuestas”.

Entre el seguimiento también aparecen dirigentes de distintas entidades como varios miembros de la Sociedad Rural Argentina, de quienes se detallan información privada como datos bancarios, vínculos familiares, propiedades y automóviles. Así como su participación en sociedades y hasta el salario de empleadas domésticas. “Tal como puede observarse de las fichas acompañadas se desprende la cantidad de información reunida en forma ilegal de personas del mundo académico: información básica, distintos domicilios, grupos de pertenencia, redes sociales, vínculos importantes (sin precisar a qué hacer referencia el término ‘importantes’), y al final -en información adicional- todo tipo de información de inteligencia de corte político como por ejemplo lo que surge de la ficha de Federico Wahlberg: ‘Actualmente se desempeña en la Secretaría de Medioambiente de la Nación.

Grupo de economistas de izquierda con fuerte presencia en medios de comunicación y de corte kirchnerista como Página 12. Asimismo, ha realizado publicaciones en el portal de ‘Agencia Paco Urondo’, en las cuales se ha manifestado en contra del libre comercio. Ha tenido participación activa en las actividades previas a la OMC que organizó el colectivo Argentina Mejor sin TLC. Pregonan presencia en la Universidad General Sarmiento, donde Luciana Ghiotto expuso en sus jornadas de SEP17, en conjunto con otros miembros de la SEC”, detalla la denuncia. Las pruebas se presentaran este lunes en el juzgado de Martínez de Giorgi cuando también se exhiba un informe cuyo asunto reza “OMC”, el cual contiene información de inteligencia vinculada al Partido de los Trabajadores Socialistas por actividades contra los eventos de la OMC y el G20.

“A partir de la producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por las áreas mencionadas, se negó el acceso a los eventos internacionales mencionados a las personas que subjetiva y arbitrariamente no cumplían con los requisitos políticos, sociales o incluso de vínculos, que desde la Agencia entendían como los correctos para poder asistir a este tipo de eventos.

Ello, como V.S. recordará, trajo aparejado innumerables reclamos judiciales por parte de quienes se veían restringidos en el acceso sin entender cuál era el motivo real; incluso se presentaron también reclamos a nivel internacional, generando de esta manera un conflicto diplomático entre nuestro país y los distintos países participantes de estos eventos”, concluye la denuncia. Esta será la segunda presentación judicial que hace la actual interventora ya que a fines de mayo presentó una lista de 86 personas que habrían sido espiadas y que derivó en la imputación de Macri, Arribas y Majdalani. 

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