Denuncian a Cristóbal López por evadir $ 300 millones en aportes

Cristóbal López y Fabián De Sousa no solo utilizaron el dinero de quienes cargaban nafta en sus estaciones de servicio Oil para financiar el explosivo crecimiento de su Grupo Indalo. Una investigación realizada por la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) acaba de confirmar que los empresarios kirchneristas también estafaban a sus propios empleados al no depositar durante largo tiempo sus aportes sociales y previsionales. Por esa maniobra, que ahora deberá investigar la justicia, se habrían apropiado de por lo menos 300 millones de pesos.



Los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, en representación de ese brazo del Ministerio Público Fiscal, se presentaron el miércoles ante el fuero en lo Penal Económico para hacer la denuncia contra López y De Sousa, que se suma a la que hace unos meses había realizado la AFIP por la evasión de $ 8.000 millones del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) en las operaciones de Oil Combustibles SA. En este nueva causa las cifras en juego son menores pero la maniobra es bastante más repugnante: se trata de dinero que pertenecía a la gente que trabajaba en varias empresas del Grupo Indalo.



Estación de servicio Oil. Foto Pedro Lázaro Fernández
En la pesquisa oficial, que se inició a partir de una nota publicada por el diario La Nación, la PROCELAC requirió ayuda de AFIP y de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises). Ya con las primeras planillas de la ANSES en su poder, los fiscales anti-lavado confirmaron la sospecha inicial: varias empresas de López y De Sousa "habrían omitido efectuar el depósito de los recursos de la seguridad social retenidos a sus dependientes". Esto es, se quedaban con el dinero descontado a sus empleados para hacer frente a la jubilación y la obra social. 



Allanamiento en C5N en marzo pasado, luego de una denuncia de la AFIP contra el Grupo Indalo 
foto Rolando Andrade Stracuzzi - rolando andrade
Las nuevas autoridades de la PROCELAC comprobaron que la maniobra se repetía en las firmas Alcalis de la Patagonia, Banco Finansur, Casino de Rosario, La Corte SA, CPC SA, Establecimiento Santa Elena, Feadar SA, Ideas del Sur SA, IGD SA, Inverclub SA, Oil Combustibles SA, Soluciones Logisticas SA y Votionis SA. Es decir que la estafa afectó a los empleados de todos los rubros a los que había ingresado el Grupo Indalo: desde la faena de ovinos a los medios de comunicación, desde el sector financiero a los casinos. 



En la denuncia penal, a la cual accedió Clarín, la PROCELAC sugiere aplicar una medida cautelar para inhibir los bienes de Cristóbal López, de modo de asegurar que el empresario pueda responder con ellos en caso de ser hallado culpable de estas maniobras luego del debido proceso judicial. En ese trámite, los fiscales recomendaron también una serie de medidas de prueba, inclusive la de tomar declaración testimonial de algunos empleados de las empresas de Indalo que hubieran sido afectados por el no depósito de sus aportes al sistema de seguridad social.  



En su época de esplendor, el conglomerado presidido por López llegó a tener unos 18.000 empleados. Pero la derrota electoral del Frente para la Victoria y la salida del poder de Cristina Kirchner lanzó un notable proceso de descomposición. A los apurones, Cristóbal primero anunció una supuesta división con su socio De Sousa, quien se quedaría con las empresas de medios. Y más recientemente se supo que iba a ceder su participación en el negocio del juego a sus socios del Casino. En medio, el empresario fue citado a indagatoria por el caso de Oil Combustibles y la multimillonaria elusión del ITC.



El juez federal Julián Ercolini, a cargo de dicha investigación, ya citó a declaración indagatoria para fines de agosto no solo a López y De Sousa sino también al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a otros funcionarios del organismo. "La tesis de la imputación sostiene un relajamiento de toda la traza de controles en la AFIP", explicó el magistrado, considerando que no hubiera sido posible eludir el pago de 8.000 millones de pesos del ITC sin un guiño de los recaudadores.  (clarin.com)