Denunciaron al juez que avaló el suministro de dióxido de cloro a paciente de COVID

Expertos de diversas asociaciones presentaron una denuncia contra Javier Pico Terrero por "desempeño apresurado y negligente".
miércoles, 13 de enero de 2021 · 09:06

 

Un grupo de expertos de diversas asociaciones médicas de prestigio presentó este martes 12 de enero una denuncia contra el juez federal subrogante Javier Pico Terrero por "desempeño apresurado y negligente" después de que avalara el suministro de dióxido de cloro a un paciente de Covid, de 92 años, que finalmente murió.

El juez es acusado por haber resuelto la "implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante consistentes en tratamiento no solamente no aprobados por la autoridad de aplicación, sino manifiestamente riesgosos para la salud y vida de los pacientes". El magistrado "con tan solo una receta formulada por un médico que se presenta como especialista en neurocirugía" resolvió "obligar a la institución donde se encuentra internado el paciente, a arbitrar los medios conducentes para la implementación del tratamiento indicado, consistente en una sustancia altamente tóxica para la salud".

Es por eso que sociedades científicas criticaron "la injerencia del Poder Judicial" en la aplicación de dióxido de cloro "en pacientes COVID 19", y la calificaron como una "substancia no aprobada por el ente regulador (Anmat) y formalmente contraindicada por quienes sustentan su práctica sobre evidencias científicas irrefutables", al referirse a la aplicación realizada en un paciente crítico, quien luego falleció, a partir de una medida cautelar adoptada en la justicia federal.

Bajo el título "Comunicado acerca de la medida cautelar sobre un tratamiento médico no autorizado (dióxido de cloro)", unas 45 organizaciones científicas, de la sociedad civil y universidades criticaron la aplicación del dióxido de cloro, "una substancia que, tanto el Ministerio de Salud de Nación, como otras instituciones vinculadas a la salud (SAM, SADI, SAP, ATA, SIBSA), se habían manifestado contraindicando su aplicación, no sólo por su ineficacia sino fundamentalmente por su falta de seguridad".

El comunicado afirma que "la justicia no debe obligar a los médicos a indicar una medicación que no tiene respaldo científico y que no está autorizada por los entes de regulación nacional e internacional, ni respaldada por las sociedades científicas nacionales e internacionales".

Y agregó que "las autoridades competentes (ministerios de salud, secretarías de salud, colegios o consejos de médicos, instituciones judiciales, otras) deben dar seguridad y garantía jurídica a los profesionales para que puedan actuar con la libertad que otorga la evidencia científica y frenen la judicialización sin fundamentos científicos".

Acusaron además al médico que realizó la indicación lo hizo con "palmaria negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de las normas que regular el ejercicio profesional", por lo que fue denunciado a las autoridades sanitarias, "a fin de la promoción de las eventuales denuncias administrativas y judiciales que pudiesen corresponder".