Miércoles 26 de Octubre de  2022 // 12:35 hs

Confirman el cierre de una causa que inició la cubana Mavys Alvarez contra el entorno de Diego Maradona

La medida, dictada por la Cámara Federal porteña, beneficia al empresario Carlos Ferro Viera y al amigo del futbolista Gabriel Buono.

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La Cámara Federal porteña confirmó la prescripción y consecuente cierre de la causa penal por la situación que atravesó la adolescente cubana Mavys Alvarez cuando fue pareja del difunto futbolista Diego Maradona a principios de este siglo.

El tribunal ratificó el cierre del expediente a favor del empresario Carlos Ferro Viera y de Gabriel Buono, amigo de Maradona, ambos acusados como parte del “entorno” que se habría aprovechado de una supuesta situación de vulnerabilidad de la joven cubana.

Ambos habían sido sobreseídos por prescripción en primera instancia, pero los apoderados de Mavys Alvarez apelaron la medida ante la Cámara Federal.

Ahora, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que “ningún elemento obra en autos -ni en concreto ha sido aportado por la querellante- que permita sostener” la viabilidad de la apelación.

“Teniendo en cuenta la pena más gravosa prevista en las normas indicadas -15 años de prisión ó 20 años en la hipótesis más grave-  y la fecha en que habría cesado la verificación de los hechos -19 de enero de 2002-, debe concluirse que al presente ha operado la prescripción de la acción penal”, confirmó el fallo.

Ello fue así porque la prescripción no se interrumpió “por la comisión de un nuevo delito u otras causales”.

Los apoderados de Mavys Alvarez sostuvieron que aun declarando la prescripción, la Justicia argentina “debió de todos modos haber ordenado la realización de un proceso a fin de determinar la verdad de lo ocurrido”.

Además, sostuvieron que la causa no prescribió porque hubo un funcionario público (extranjero) que permaneció en funciones y eso interrumpió los plazos de la extinción de la acción: el difunto mandatario cubano Fidel Castro.

El fallo rechazó los planteos “toda vez que no se ha corroborado que se hubieran afectado las posibilidades de la víctima como consecuencia de una deficiente actuación del Estado frente a una investigación penal”.