Expropiación de YPF: cuánto debería pagar Argentina a los fondos buitre

Comienzan 72 horas determinantes para el país. Entre hoy y el viernes se decidirá en Nueva York la definición del juicio iniciado por varios fondos buitre contra Argentina, por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012, y donde los diferentes acreedores reclaman por no haber recibido el mismo trato que la española Repsol, al momento de concretar la operación, en un proceso comandado por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof.

El caso ya fue definido por la jueza Loretta Preska del Segundo Distrito Sur de Nueva York, en Wall Street, a favor de dos fondos reclamantes, Burford Capital y Eton Park, y desde hoy la heredera del juzgado de Thomas Griessa tiene que definir el monto exacto de la demanda y la tasa de interés que se le aplicará al país, por no haber pagado en el momento de la sentencia.

Sólo se puede especular por el dinero que se deberá liquidar. Pero el monto espanta. Parte de los U$S 6.000 millones, y podría alcanzar hasta más de 15.000 millones de dólares, si venciera el reclamo de los dos fondos que le iniciaron la causa al país. 

La base de la derrota judicial de la Argentina se basa en que Preska no aceptó aplicar en la causa las leyes locales. Para la jueza, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la bolsa de comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina. 

Al hacerlo, se aceptan las reglas locales. Ninguna legislación particular de cada estado independiente y soberano tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario.

En consecuencia, para el fallo final de Preska de este año, dándole la razón a los demandantes, la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol. Y quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones de Repsol (51%), y el Congreso, que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.

YPF sin riesgo

Sí libera de cualquier responsabilidad legal o financiera, tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Investment. El único responsable fue el Estado Argentino, y en consecuencia será el que deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.

Preska invitó a las partes a llegar a un acuerdo directo y negociado, algo que fracasó en junio, con lo que abrió la etapa final de la primera instancia, que hoy comienza en el juzgado. Hasta llegar hasta acá, Preska se tomó su tiempo. Y demostró que no es una improvisada y que se trata de una persona profesional y seria. Concretamente, 11 años demandó en sacar sus conclusiones.

Pero con una característica que la propia jueza menciona en su fallo: decidió tomar un curso de aproximadamente un año para entender la legislación local, consultando con el mayor sigilo del caso a constitucionalistas argentinos y especialistas latinoamericanos en derecho constitucional comparado, para saber la manera en que legalmente se había avanzado en la nacionalización de YPF, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso.

Preska dejó en claro en su fallo que no consideró cuestiones políticas, económicas ni estructurales del país y su gobierno de entonces, ni mucho menos especificaciones ideológicas. Y que sólo se concentró en las normas legales que regulaban la operación.

La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park e incluyen una potencial indemnización a los demandantes por entre 7.000 y 19.000 millones de dólares, a partir del reclamo de los fondos Burford y Eton, que reclaman por el inicio de proceso comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba el reingreso del Estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera.

Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos U$S 6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró de que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.

La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park, que reclaman por el inicio de proceso comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba reingreso del Estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera. Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012.

Ese dinero iría, en parte (unos US$1.000 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. 

Antecedentes

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera.

El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la Justicia española y reconocida por los propios Burford, que desistieron de reclamarle a Petersen.

LA EXPRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER DECIDIÓ LA RENACIONALIZACIÓN DE LA PETROLERA 

El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quien es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde finalmente el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, Burford anunció en junio de 2013 a sus accionistas la venta del 15% del juicio en US$66 millones.

En esa operación, el fondo de capitales ingleses, especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de US$440 millones, en lugar de los US$3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.

Burford no es especialista en inversiones financieras ni en el mundo energético o petrolero, sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.

Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF, en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso. Antes dejó claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF.

La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

La apuesta de Burford

Lo que ofrece Burford es dinero al contado, a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un gigante financiero con espaldas amplias, luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio del 2013, con lo que pudo esperar una definición desde hace ya diez años.

El reclamo original del fondo es por los supuestos daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se le hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford le había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía S.A.U. y Petersen Inversora S.A.U. (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012.

Finalmente, el 11 de julio, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.

Al 30 de junio de 2018, Burford ya había vendido a inversores institucionales el 28,75% de los derechos de litigar contra YPF por US$136 millones”. Para todos será un gran negocio, en el caso de que la Corte Suprema de Estados Unidos vuelque la balanza a favor de los litigantes. El fallo global podría llegar a los 2.000 millones de dólares de capital, más los intereses que fije el tribunal primario, más los gastos generados por toda la causa.

Según la jurisprudencia que quedó por el juicio a los fondos buitre, el dinero global podría llegar a los US$2.500 millones, o aún más. Ese dinero deberá ser pagado por el Estado argentino y no por la petrolera, ya que fue el Gobierno el responsable máximo de la operación de reestatización.