¿Adiós a los octógonos? Qué dice el proyecto que el Gobierno envió al Congreso

El pasado viernes 22 de mayo, ingresó al Congreso de la Nación un proyecto del Gobierno Nacional para derogar la ley de etiquetado frontal y por lo tanto, quitar los octógonos negros de los alimentos. La norma vigente desde 2022 en Argentina, obliga a que alimentos y bebidas envasadas lleven advertencias visibles cuando tienen exceso de ciertos nutrientes críticos.

El texto, lleva la firma del presidente de la Nación Javier Milei, del Ministro de Salud Mario Lugones y del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Sólo apunta a derogar la ley y se explaya en los fundamentos con cuestionamientos a la aplicación de la norma en distintos ámbitos, tantos comerciales como en las provincias, como también a la metodología que se utiliza para el uso de los octógonos.

Los fundamentos para derogar la ley de etiquetado frontal

Los argumentos del Gobierno para derogar la ley apuntan a que el sistema se basa en parámetros de la Organización de la Panamericana de la Salud (OPS) y que :"La experiencia acumulada desde la entrada en vigencia de la ley mencionada ha permitido identificar diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas derivadas del esquema implementado, las cuales justifican la revisión integral del referido instrumento normativo".

 Dicha esta afirmación, el proyecto oficial cuestiona: "la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642- es decir la de etiquetado frontal"- evidenció dificultades relevantes derivadas del modelo de perfil de nutrientes adoptado, particularmente en relación con la utilización de parámetros generales aplicados de manera homogénea sobre matrices alimentarias sustancialmente diferentes, sin contemplar adecuadamente aspectos tales como la densidad nutricional, el grado de procesamiento, el rol del alimento dentro del patrón alimentario, las porciones efectivamente consumidas o las particularidades tecnológicas propias de determinadas categorías de alimentos".

También critica la metodología de cálculo utilizada porque considera que está: "basada en relaciones porcentuales respecto del aporte energético total del producto, lo que en determinados casos produce resultados técnicamente inconsistentes o desproporcionados respecto del perfil nutricional global del alimento".

Además, entre los fundamentos, incluye al uso de la regulación del Mercosur por un lado, y las diferencias que se producen, de acuerdo cree el Gobierno, en la aplicación de los octógonos en los alimentos en las provincias.

Octógonos: el Mercosur y las provincias

Según el Gobierno, "el ordenamiento jurídico alimentario nacional ya cuenta con un sistema obligatorio de información nutricional armonizado en el ámbito del Mercado Común del Sur (Mercosur)". En ese sentido, el texto oficial sostiene que ya está incorporado en el Código alimentario argentino y que además: "Dicho esquema, complementado por las normas vigentes en materia de protección del consumidor, lealtad comercial y rotulado alimentario, garantiza el acceso del consumidor a información nutricional objetiva, estandarizada, verificable y suficiente para la evaluación y comparación de productos alimenticios. En este sentido, la coexistencia de múltiples mecanismos gráficos de advertencia ha generado superposición regulatoria, complejidad adicional en materia de implementación y fiscalización".

También se refiere asimetrías en la aplicación en las provincias. Advierte que: "determinados componentes previstos por la mencionada Ley N° 27.642, especialmente aquellos vinculados a entornos escolares y compras públicas alimentarias, requieren necesariamente la actuación de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de la distribución federal de competencias en materia educativa y alimentaria, habiéndose verificado distintos niveles de implementación a nivel subnacional".

La defensa oficial a las empresas para derogar la ley de etiquetado frontal

La ley fue aprobada fue aprobada en octubre de 2021, después de 5 años de idas y vueltas en el Congreso por la presión de muchas empresas que se oponían a su sanción. El Gobierno de Milei, en su iniciativa para terminar con la ley de los octógonos, retoma parte de esos argumentos empresarios.

El texto dice: "El proyecto que se remite también procura reducir sobrecostos e ineficiencias vinculadas a producción, comercialización, publicidad y empaquetado de alimentos, promoviendo un entorno más competitivo, innovador y armonizable regionalmente, sin desatender los objetivos de salud pública y protección del consumidor".

También agrega que: "Estas asimetrías regulatorias impactan especialmente en las Pequeñas y Medianas Empresas que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, vinculados al rediseño de envases, adecuación de líneas productivas, administración de stocks, evaluación técnica del perfil de nutrientes y adaptación progresiva de procesos de producción y comercialización. Tales exigencias regulatorias generan mayores dificultades operativas y económicas para empresas con menor capacidad financiera y escala productiva, pudiendo además incentivar procesos de concentración de mercado en favor de operadores con mayor capacidad de absorción de costos regulatorios".

La mirada de uno de los impulsores de la Ley de etiquetado frontal

La ley fue aprobada en 2021, gracias a dos legisladores mendocinos de distinto color político que pujaron para que saliera: la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y el exdiputado nacional Julio Cobos.

El exvicepresidente, lanzó cuestionamientos a la decisión del Gobierno de sacar los octógonos: "El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto que modifica y desarticula aspectos centrales de la Ley N.º 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal. Lo hace sin presentar una política alternativa, sin un esquema de transición y sin una propuesta integral que reemplace una herramienta construida durante años de trabajo técnico, sanitario y legislativo. La Ley de Etiquetado Frontal no surgió por azar ni como una decisión improvisada. Fue el resultado de un largo proceso de construcción democrática, sostenido por evidencia científica, organizaciones de salud, especialistas, legisladores y organismos que coincidieron en un principio básico: el derecho de las personas a recibir información clara sobre lo que consumen".

En esa línea, agrega Cobos: "Sin embargo, el discurso utilizado para justificar esta modificación recupera argumentos que históricamente impulsaron sectores empresariales que se opusieron a la norma desde sus inicios. Conceptos como "sobrecostos", "rigidez normativa", "asimetrías regulatorias" o la necesidad de "armonización con el Mercosur" vuelven a aparecer como fundamento para reducir el alcance de una política pública que busca proteger la salud. Pareciera que el lobby empresario encontró eco en la decisión oficial".

Sobre las críticas que hizo el Gobierno a la norma, el exgobernador mendocino agregó: "Si el Gobierno identificó deficiencias técnicas reales -ya sea en umbrales nutricionales, categorías alimentarias, mecanismos de actualización o parámetros regulatorios- el camino institucional debería ser proponer modificaciones respaldadas por evidencia científica y discusión pública transparente. Eso fortalecería una democracia basada en argumentos y conocimiento, y no en decisiones que responden exclusivamente a intereses sectoriales o coyunturas económicas. Porque lo que está en discusión no es solamente una norma. Está en discusión qué modelo de consumo, qué modelo de salud pública y qué nivel de protección del ciudadano queremos construir".

Punto por punto los motivos para derogar la ley de etiquetado frontal

En síntesis, el proyecto del Gobierno que elimina los octógonos tiene como argumentos:

• limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas
• utilización de parámetros generales aplicados de manera homogénea sobre matrices alimentarias sustancialmente diferentes.
• el ordenamiento jurídico alimentario nacional ya cuenta con un sistema obligatorio de información nutricional armonizado en el ámbito del Mercado Común del Sur (Mercosur).
• las asimetrías regulatorias impactan especialmente en las Pequeñas y Medianas Empresas que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados
• sobrecostos e ineficiencias vinculadas a producción, comercialización, publicidad y empaquetado de alimentos