Adorni: declaran jubiladas por operación en Caballito

Las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, se presentarán este miércoles 15 de abril en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Ambas mujeres fueron quienes le vendieron en noviembre de 2025 un departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. La operación se declaró en 230.000 dólares.

Según la información aportada por la escribana Adriana Nechevenko, las vendedoras financiaron al funcionario con un préstamo de 200.000 dólares sin interés, que deberá ser devuelto en noviembre de este año.

Los detalles de la operación inmobiliaria

La declaración de las jubiladas había sido prevista para la semana pasada, pero fue postergada a pedido del abogado defensor de Adorni, Matías Ledesma, debido a la superposición con el juicio de los cuadernos de las coimas.

En la causa también declaró previamente el ex futbolista Hugo Morales, quien había sido propietario del inmueble. Según su testimonio, lo vendió por 200.000 dólares, cifra inferior a la declarada en la operación posterior.

Además, la semana pasada prestaron testimonio Graciela Molina, comisaria retirada, y su hija Victoria Cancio, contadora de la misma fuerza, quienes participaron en otra operación vinculada.

"Fue la primera vez que realizábamos un préstamo con garantía hipotecaria en una operación de este tipo", indicaron durante su declaración ante la Justicia.

Avanza la investigación patrimonial

En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita aguarda respuestas a distintos requerimientos enviados a organismos públicos. Esto ocurre luego de que el juez Ariel Lijo dispusiera levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa.

La medida permitirá acceder a información detallada sobre declaraciones juradas, ingresos, consumos con tarjetas, movimientos bancarios e inversiones del funcionario.

Según trascendió, en otra de las operaciones investigadas, Adorni abonó 30.000 dólares y mantiene una deuda de 70.000 dólares más intereses, con un plazo de cancelación de siete meses.

La causa busca determinar la consistencia entre los ingresos declarados y las operaciones realizadas, en un expediente que suma nuevos testimonios y documentación clave en los próximos días.