Amenazas, golpes y encierros: las graves acusaciones contra Julieta Silva
La justicia mendocina agravó la imputación contra Julieta Silva, quien ahora enfrenta cargos por una decena de hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo, sumados a lesiones y desobediencia judicial. Pese a que el fiscal pidió prisión preventiva en un penal, el juez le otorgó nuevamente arresto domiciliario.
Julieta Silva, de 37 años, volvió a quedar en el centro de la escena judicial en San Rafael. Detenida a mediados de julio por agredir y retener contra su voluntad a su esposo Lucas Adrián Giménez (42), recibió este viernes un nuevo beneficio de arresto domiciliario, aunque la Fiscalía había solicitado que siguiera alojada en el Complejo Penitenciario IV.
El fiscal Fabricio Sidoti sostuvo que existen pruebas suficientes para mantenerla en prisión preventiva. La defensa, a cargo de María Laura Cordero, pidió su libertad o el arresto en su domicilio, alegando que Silva tiene a su cargo el cuidado de su hija. El juez Claudio Daniel Gil optó por esta última medida.
Imputación agravada
La investigación avanzó y la acusación inicial por lesiones leves agravadas por el vínculo y desobediencia a una orden judicial se amplió. Ahora, Silva está imputada por alrededor de diez hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, cometidos -según la denuncia de Giménez- entre 2023 y julio de 2025.
El denunciante afirmó que, en medio de discusiones, Silva cerraba con llave el acceso a la vivienda, le quitaba el celular y lo mantenía encerrado durante horas o incluso toda la noche. El último episodio incluyó golpes en el rostro.
Amenazas y antecedentes
El 16 de julio pasado, la mujer habría incumplido una prohibición de contacto con la expareja de Giménez y la hija de ambos, vigente desde diciembre de 2024. La Fiscalía asegura que en una videollamada por WhatsApp, Silva volvió a interactuar con la niña y profirió amenazas: "Te voy a comer el hígado y los riñones a vos y a tu hija. Los voy a dejar en la calle".
Julieta Silva es conocida en todo el país por el caso de la muerte de Genaro Fortunato, su entonces novio, atropellado el 9 de septiembre de 2017 en San Rafael. Por ese hecho fue condenada a 3 años y 9 meses de prisión por homicidio culposo, pena que cumplió mayormente en arresto domiciliario.
Hoy, enfrenta un proceso mucho más grave, con penas que podrían ir de 2 a 50 años de cárcel si es encontrada culpable de todos los cargos.
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