Aparecen los primeros amparos judiciales contra el recorte a la educación técnica en el Presupuesto 2026

Tras la sanción del Presupuesto 2026, comenzaron a presentarse los primeros amparos judiciales contra el recorte a la educación técnico-profesional, una medida que encendió alarmas en el sistema educativo y en sectores vinculados al desarrollo industrial del país. El eje del conflicto es el artículo 30 de la ley, que elimina el fondo obligatorio para la educación técnica y deroga el esquema de financiamiento equitativo establecido por la Ley 26.058.

En las últimas horas, padres de dos estudiantes presentaron una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires. El recurso cuestiona la legalidad del artículo aprobado y advierte sobre la vulneración de derechos educativos consagrados en leyes de carácter permanente, que no deberían ser modificadas por una norma presupuestaria anual.

Desde el ámbito educativo y productivo, las críticas se multiplican. Gerardo Marchesini, docente de educación técnico-profesional, señaló que la eliminación del fondo afectará a unos 1,9 millones de estudiantes en todo el país, que asisten a escuelas técnicas y centros de formación profesional. "El artículo 30 es un golpe directo al desarrollo del país", afirmó, al remarcar que este tipo de educación es clave para la calificación de la mano de obra y la competitividad industrial.

La educación técnica cumple un rol estratégico en la formación de perfiles necesarios para el crecimiento productivo, abarcando áreas como programación, inteligencia artificial, biotecnología, energías renovables y oficios industriales tradicionales. El debilitamiento de este sistema impacta de manera directa en la capacidad del país para sostener un proyecto de desarrollo industrial federal con valor agregado y empleo calificado.

De acuerdo con los denunciantes, el recorte presupuestario alcanza el 93% en relación con valores equivalentes a los de 2023. La normativa derogada establecía una inversión mínima del 0,2% de los ingresos corrientes del Estado, lo que en la actualidad representaría alrededor de 322 mil millones de pesos. Sin embargo, el Presupuesto 2026 asignó apenas 11 mil millones, una cifra considerada insuficiente incluso para sostener el funcionamiento básico del sistema.

El amparo también sostiene que el recorte contradice otras normas vigentes, como la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que reconocen a la formación técnica como un pilar para el desarrollo científico, tecnológico e industrial del país. En ese sentido, advierte que la decisión presupuestaria compromete políticas de largo plazo.

Mientras la Justicia comienza a analizar los planteos, el debate trasciende el ámbito educativo y se instala en el corazón del modelo de desarrollo nacional. Para docentes, familias y sectores productivos, el ajuste en la educación técnica no solo afecta a las escuelas, sino que pone en riesgo la formación de los futuros trabajadores calificados que necesita la industria argentina para crecer y competir en el contexto global.

Fuente: InfoGremiales