Argentina apeló el fallo de la jueza Preska que obliga a entregar el 51% de YPF

La Argentina presentó una apelación ante la justicia de Estados Unidos para frenar el cumplimiento del fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, litigantes en la causa por la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión se produce en un momento de creciente tensión judicial, con riesgos financieros y políticos para el país.

Los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratados por la Procuración del Tesoro, adelantaron la presentación de la apelación antes de que la jueza Preska resolviera el pedido de suspensión del fallo, ante el temor de una orden de embargo inminente. El Gobierno busca evitar que fondos privados se cobren con activos estratégicos como las acciones de YPF o propiedades del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y el Banco Central.

En sus argumentos, la defensa argentina remarcó que la orden de Preska implicaría un "daño irreparable", ya que forzaría al país a violar su propia legislación. La Ley 26.741, sancionada en 2012 con amplio respaldo parlamentario, establece que el 51% de YPF en manos del Estado no puede ser transferido sin una ley especial votada por dos tercios del Congreso.

Además, subrayaron que el cumplimiento del fallo afectaría a terceros como bonistas y provincias, y podría generar consecuencias legales y financieras impredecibles. También señalaron que el Gobierno de Estados Unidos expresó reparos sobre el precedente jurídico que podría sentar una ejecución forzada contra activos estatales extranjeros.

En paralelo, otro frente judicial avanza con el llamado "caso Bainbridge", derivado del default del 2001, donde también se ordenó la entrega de acciones de YPF como parte de un resarcimiento. Allí, los abogados argentinos volvieron a esgrimir que la medida viola el dominio público sobre los hidrocarburos y carece de antecedentes en la jurisprudencia norteamericana.

Mientras tanto, el CEO de YPF, Horacio Marín, se desligó del litigio y recordó que la jueza Preska excluyó a la petrolera del proceso. "La jueza falló en contra de la República, no de YPF. Yo soy un ejecutivo, no un político", sostuvo Marín. La causa sigue su curso en la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, que ahora deberá resolver si ratifica o revierte el fallo que podría redefinir el futuro de una de las empresas más estratégicas del país.