Causa YPF: Argentina logra frenar la entrega del 51% accionario y gana tiempo clave
La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió el avance del fallo que ordenaba transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. El Gobierno nacional celebró la decisión, ya que gana tiempo en una causa que se considera prácticamente perdida y cuyo costo podría ascender a los 16 mil millones de dólares. El conflicto se originó por la forma en que se reestatizó la petrolera en 2012, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y con Axel Kicillof como principal arquitecto político de la medida.
El Gobierno argentino obtuvo ayer su primera victoria en más de un año en el juicio por la reestatización de YPF, al lograr que la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendiera el avance del fallo de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Burford Capital y Eton Park. La decisión, celebrada desde Buenos Aires, implica una postergación clave que podría estirar los tiempos judiciales hasta bien entrado el año 2026.
El juez Steven J. Menashi firmó la orden de suspensión durante una audiencia en el Palacio de Justicia Thurgood Marshall, tras el pedido realizado por el estudio Sullivan & Cromwell, que representa a Argentina. El fallo representa, además, una suerte de freno indirecto al poder de Preska, quien había amenazado con declarar al país en desacato por no cumplir con la entrega de las acciones.
Desde el entorno del Gobierno reconocen que el juicio, iniciado por la forma en que se ejecutó la expropiación en 2012, ya está perdido en su esencia. En septiembre de 2023, Preska falló a favor de los fondos demandantes, sentando jurisprudencia bajo las normas del mercado norteamericano. El país apeló esa decisión y ahora se centra en discutir el monto: los U$S 16.000 millones más intereses. El estudio que representa a la Argentina sostiene que la suma es desproporcionada y que debería recalcularse.
La clave de la reciente resolución está en el tiempo ganado. Si bien difícilmente la Corte Suprema de los Estados Unidos revierta el fallo, ese camino judicial podría alargarse hasta 2027, dándole aire al país en medio de sus restricciones de acceso a los mercados internacionales. "La idea es ganar tiempo. Y eso se logró", comentaron off the record desde una fuente cercana a la estrategia legal argentina.
El origen del conflicto no está en la decisión de reestatizar la compañía -medida que incluso desde algunos sectores opositores se reconoce como necesaria-, sino en cómo se llevó a cabo. La ley de privatización de 1992 exigía una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los accionistas, algo que no se cumplió en 2012. Mientras se pagaron U$S 6.000 millones a Repsol, el resto de los accionistas no fueron contemplados, lo que derivó en la quiebra del Grupo Petersen y, posteriormente, en la compra de la causa por parte de Burford Capital por apenas 15 millones de dólares.
La jurisprudencia norteamericana determinó que, al cotizar acciones en Wall Street desde 1993, Argentina se había sometido voluntariamente a las normas de la SEC, incluyendo la obligatoriedad de la OPA. La falta de cumplimiento derivó en el fallo en contra, que ahora busca suavizarse en términos económicos.
En Buenos Aires, aunque no se diga públicamente, se apuesta a que el tiempo juegue a favor. Si el conflicto se resuelve en 2027, un nuevo escenario político y económico podría permitir un mejor acuerdo o incluso mejores condiciones para financiarlo con deuda voluntaria.
