Banco Nación: el juez Ramos Padilla frenó el DNU de Milei porque tendría "daños irreparables"

Con argumentos contundentes, el juez federal Alejo Ramos Padilla ratificó la medida pre cautelar dictada en febrero pasado donde defendió la autarquía del Banco Nación y la potestad del Honorable Congreso Nacional como creador de la entidad bajo su competencia.

En la nueva cautelar dictada a última hora de este jueves y a la que accedió MDZ, el magistrado sostuvo que "no se afecta el interés público" en respuesta al planteo del gobierno de Javier Milei de convertir la entidad en una sociedad anónima a través del DNU 116/2025.

Ramos Padilla invocó jurisprudencia de la Corte y dos artículos de la Constitución para reivindicar la facultad única del Poder Legislativo como creador del Banco Nación para modificar su estructura jurídica como ente autárquico: "No se encuentra prima facie incluido entre los organismos que el Poder Ejecutivo Nacional puede: reorganizar, modificar, transformar, centralizar, fusionar, escindir, disolver total o parcialmente o transferir a las provincias o a la CABA a través de un decreto por delegación legislativa, en base a la ley 27.742", esgrimió el juez.

Por otra parte, el magistrado advirtió que de no suspenderse la normativa y de proseguir con la transformación "la eventual sentencia favorable a la pretensión del actor, no resultaría operativa y, por otra parte, el perjuicio causado sería irreparable, dada la índole de los derechos en juego".

Ramos Padilla señaló que el avance del decreto y que las acciones del Banco de la Nación Argentina pasen a manos privadas implica un riesgo con efectos que pueden resultar irreversibles pues importaría su modificación estructural eludiendo "la necesaria intervención del Congreso de la Nación".

Asimismo, adelantó las consecuencias que podrían darse al puntualizar que "el Poder Ejecutivo asumiría el riesgo de desproteger un activo de suma importancia para las arcas del Estado, que ha tenido un rol fundamental para mitigar crisis económicas y financiar el desarrollo agrícola, industrial y comercial del país (...) así como dejar de prestar funciones esenciales en materia de administración de fondos de jubilaciones y pensiones".

Finalmente, sostuvo que el Gobierno no justificó dicha transformación y que "tampoco han acreditado que el ente resulte deficitario, ni han demostrado el perjuicio concreto que produciría en los contribuyentes o en el funcionamiento del Estado, por lo que las afirmaciones realizadas resultan conjeturales" y concluyó que la medida cautelar no impide ni impedirá el normal funcionamiento del banco que podrá continuar operando de la misma forma que lo viene realizando.