Blanqueo récord: el Gobierno cierra con U$S35.000 millones declarados
Este miércoles 7 de mayo finaliza uno de los planes más ambiciosos del gobierno de Javier Milei: el Régimen de Regularización de Activos. Ya se han declarado U$S35.000 millones, y el debate interno gira en torno al uso de esos fondos para créditos productivos o hipotecarios.
En tres días hábiles concluye el Régimen de Regularización de Activos, conocido como el blanqueo de capitales, impulsado por el Gobierno nacional como una vía para atraer dólares genuinos a la economía. La iniciativa, que no tendrá prórroga, ya logró la adhesión de capitales por más de U$S35.000 millones, de los cuales cerca de U$S25.000 millones continúan depositados dentro del sistema financiero.
El Gobierno de Javier Milei considera este programa como uno de los pilares de su gestión económica. A pesar de las críticas iniciales, el volumen de adhesión superó las expectativas. Ahora, se abre un debate dentro del propio gabinete sobre la posibilidad de utilizar parte de esos fondos para otorgar préstamos en pesos, tanto para consumo interno como para inversiones orientadas al mercado local. Incluso se evalúa destinarlos a créditos hipotecarios, lo que implicaría un cambio significativo en la política económica actual.
"El objetivo es fomentar la bi monetización de la economía", adelantó días atrás el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, al referirse a futuras medidas que podrían estar relacionadas con la flexibilización del uso de esos fondos.
Actualmente, los contribuyentes tienen hasta el miércoles 7 de mayo para adherirse al régimen, mientras que la presentación de la Declaración Jurada podrá realizarse hasta el 6 de junio. El trámite se efectúa a través del portal de ARCA, mediante el formulario F3320. Quienes se sumen quedarán eximidos del pago de impuestos, multas y sanciones, salvo en casos vinculados con facturación apócrifa.
En esta última etapa, ya no es posible declarar dinero en efectivo. El régimen admite la inclusión de inmuebles, títulos valores, acciones, criptomonedas, créditos, y otros bienes tanto en el país como en el exterior, siempre que cumplan con los requisitos y no estén radicados en países listados como de alto riesgo por el GAFI.
Quedan excluidos del blanqueo los funcionarios públicos que hayan ejercido funciones en los últimos 10 años, así como sus familiares. Si ARCA detecta irregularidades, podrá proceder con sanciones y perderán los beneficios del régimen.
Se estima que este blanqueo no sólo permitió un ingreso considerable de divisas, sino que también abre la puerta a una potencial transformación del sistema crediticio argentino. En los próximos días se conocerá si el Gobierno habilita el uso de esos fondos para apuntalar el consumo y la inversión interna.