Bullrich analiza dónde quedará detenida a Cristina Kirchner

Tras la confirmación del fallo por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad, el futuro inmediato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelve a estar en el centro del escenario judicial y político. Este martes por la mañana, en el Ministerio de Seguridad Nacional que conduce Patricia Bullrich, se realizaron reuniones para definir una eventual locación donde podría ser alojada la exmandataria si la Justicia no valida su pedido de prisión domiciliaria.

El juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, solicitó formalmente al Ministerio que en un plazo de 24 horas disponga una dependencia de las fuerzas federales adecuada para el alojamiento tanto de la expresidenta como de los otros ocho condenados por la causa, que investiga irregularidades en la adjudicación de obras públicas, muchas de ellas en la provincia de Santa Cruz.

Si bien la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, solicitó que cumpla la pena en su departamento de la calle San José en el barrio porteño de Constitución, esa decisión todavía no fue resuelta por el Tribunal. En función de su conducta durante el proceso y su edad, fuentes judiciales consideran probable que se le conceda el beneficio, aunque eso podría no concretarse antes de que deba presentarse en Comodoro Py para quedar a disposición del tribunal.

Según publicó Infobae, entre las opciones para un alojamiento transitorio se mencionan la Alcaidía de Mujeres ubicada en Palermo y una dependencia de Gendarmería Nacional en Retiro, cercana a los tribunales federales.

Desde el entorno de la exmandataria relativizaron el papel del Ministerio de Seguridad en la decisión judicial. El abogado Gregorio Dalbón, quien también actúa como vocero legal, remarcó desde La Haya que "la situación suya dependerá exclusivamente del TOF 2 que la juzgó. De ninguna manera depende de la ministra. No tiene competencia para inmiscuirse en el Poder Judicial".

Dalbón se encuentra en Europa, donde presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por presunta "persecución política, judicial y mediática" contra Cristina Fernández. Se espera que viaje a Washington en los próximos días para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mientras tanto, en Buenos Aires se prepara una jornada de movilización con epicentro en el Congreso de la Nación. La tradicional Marcha de Jubilados de los miércoles se amplificará con la presencia de sindicatos, organizaciones sociales, colectivos feministas y referentes políticos que rechazan el fallo judicial. Entre las consignas destacan "el rechazo al ajuste", "la defensa de la democracia" y la denuncia de "proscripción política".

La protesta comenzará a las 15 horas, con concentración en las avenidas Rivadavia, Callao y Entre Ríos. Se anticipa un operativo de seguridad reforzado con vallados y controles en los puntos clave.

El impacto de la condena también se siente en Santa Cruz, donde se investigaron más de 50 contratos de obra pública adjudicados al empresario Lázaro Báez -también condenado en esta causa- que fueron pagados en su totalidad pese a que muchas de las obras nunca se concretaron. Esta trama judicial, que tuvo su raíz en la provincia, vuelve a poner en debate el manejo de fondos nacionales y el control sobre la obra pública en territorios históricamente vinculados al kirchnerismo.