Cámaras y micrófonos en el despacho de Frigerio: nuevo capítulo de una vieja historia
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció el hallazgo de cámaras y micrófonos ocultos en su despacho y en dependencias de la Secretaría General del Gobierno provincial, lo que desató una polémica política e institucional. La administración provincial presentó denuncias penales y abrió una investigación interna, mientras que versiones periodísticas señalan que los dispositivos podrían haber sido instalados durante la gestión anterior de Gustavo Bordet, bajo la responsabilidad del exsecretario General y exsenador Edgardo Kueider, lo que complejiza aún más el caso.
El propio gobernador confirmó que se encontraron dispositivos de grabación de audio y video ocultos en su oficina y en oficinas de la Secretaría General de la Gobernación. Según informó el Ejecutivo provincial, se trata de tres equipos con capacidad para captar imagen y sonido, lo que motivó la presentación de denuncias penales ante la Justicia y la apertura de una investigación administrativa interna para determinar quiénes los colocaron, desde cuándo estaban allí y con qué finalidad.
Frigerio sostuvo que estos hechos son de "extrema gravedad institucional" y aseguró que su gobierno está comprometido con la transparencia y la legalidad, rechazando cualquier práctica de espionaje ilegal dentro de la administración pública.
Versiones sobre el origen de los dispositivos
Aunque inicialmente se interpretó el hallazgo como un caso reciente de espionaje ilegal, versiones periodísticas señalan que las cámaras y micrófonos podrían haber sido instalados durante el gobierno del exmandatario peronista Gustavo Bordet, entre 2015 y 2019, por orden del entonces secretario General de la Gobernación y exsenador nacional Edgardo Kueider.
Según esa línea de investigación, los equipos se habrían colocado en varios puntos de la Casa de Gobierno -incluido el despacho del gobernador y la oficina de la Secretaría General- con otro propósito, que no necesariamente implicaba espionaje político reciente, aunque generaron suspicacias cuando fueron hallados décadas después.
Este antecedente añade un nuevo matiz político e histórico al caso y plantea interrogantes sobre el monitoreo interno en políticas provinciales y las prácticas de gestión de archivos audiovisuales en la administración pública.
Investigación abierta y repercusiones
La investigación actual buscará establecer si los dispositivos estaban activos y funcionales al momento de ser hallados, quiénes tenían acceso a las grabaciones -si las hubo- y qué destino tuvo cualquier material obtenido a través de ellos. En los próximos días, la Justicia y los organismos estatales involucrados deberán precisar responsabilidades y posibles complicidades internas en la instalación de estos equipos (Fuente: Infobae/El Diario Nuevo Día).
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