Casación ordena ejecutar bienes por $685 mil millones

La Cámara Federal de Casación Penal avanzó en la ejecución de bienes de Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en la causa Vialidad, luego de confirmar el decomiso millonario fijado por la Justicia. La medida busca recuperar para el Estado el dinero considerado producto de maniobras fraudulentas en la obra pública de Santa Cruz.

El monto actualizado asciende a unos $684.990 millones, cifra que surge de la actualización del cálculo original mediante el índice de precios al consumidor. Según el fallo, este decomiso debe ser afrontado de manera solidaria por todos los condenados.

De dónde surge la cifra millonaria

La causa Vialidad investigó el direccionamiento de contratos de obra pública en favor de empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos kirchneristas. La Justicia determinó que hubo sobreprecios y una estructura de corrupción que derivó en un perjuicio económico significativo para el Estado.

En ese contexto, el Tribunal Oral Federal N°2 fijó inicialmente un decomiso cercano a los $85 mil millones, pero con la actualización inflacionaria el monto se elevó a casi $685 mil millones. "Lo que corresponde ahora es únicamente su ejecución", señalaron los jueces al ratificar la medida.

Qué pasará con los bienes y los condenados

Con la condena firme, la Justicia quedó habilitada para avanzar sobre propiedades, cuentas y otros activos de los implicados. En caso de no cubrirse el monto, se procederá al remate de bienes para garantizar el recupero del dinero.

Entre los activos alcanzados figuran inmuebles y patrimonio tanto de la exmandataria como de otros condenados, incluidos familiares y empresarios vinculados a la causa. La medida representa una de las ejecuciones patrimoniales más grandes en la historia judicial argentina.

De esta manera, la causa Vialidad entra en una etapa clave: la ejecución efectiva del fallo, con impacto directo en el patrimonio de los involucrados y en el intento del Estado de recuperar los fondos considerados producto de corrupción.

(Fuente: El Diario Nuevo Día)