Caso Loan: rechazan el planteo de uno de los acusados para retrasar el comienzo del juicio

El Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó un recurso que buscaba voltear la audiencia preliminar del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña (6). La maniobra fue impulsada por el defensor de Bernardino Antonio Benítez -tío de la víctima- y contó con el apoyo de los abogados de otros imputados.

El defensor oficial Enzo Di Tella presentó un recurso de reposición contra la convocatoria del tribunal prevista para el 27 de febrero por considerar que la misma vulnera la garantía de no ser juzgado dos veces por un mismo hecho, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la necesidad de contar con una acusación única y de esa manera ejercer la defensa en juicio.

Di Tella sostuvo que la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que dispuso mantener abierta la investigación que realiza la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, por la sustracción de Loan y la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba es lo que impide avanzar con dicha audiencia, paso previo a la fijación de la fecha de inicio del juicio oral y público.

Este planteo contó con el apoyo de los abogados Marcelo Hanson y Jorge Montti, defensores de Mónica del Carmen Millapi y Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez; de Rodrigo Tripolone, representante de Nicolás Gabriel Soria; y Ernesto Tito" González, quien asiste al ex capitán de navío Carlos Guido Pérez y a su esposa, María Victoria Caillava.

El cuestionamiento de los defensores apunta a la decisión de Casación de mantener vigente la búsqueda de Loan y avanzar sobre diferentes líneas de investigación que se mantienen abiertas pese a que hace poco más de un año la jueza Pozzer Penzo decidió enviar a juicio a los siete procesados que tiene el caso.

El primero en cuestionar el planteo fue el abogado querellante de la familia Peña, Gustavo Alejandro Sánchez, quien argumentó que la audiencia sólo es una instancia ordenadora, garantista y bilateral, destinada a asegurar contradicción, depurar prueba, resolver cuestiones procesales y garantizar un juicio regular. Y que ello no implica la apertura del debate o la producción de pruebas.

Además, dejó en claro que la garantía del "non bis in ídem" que protege contra el doble juzgamiento o la doble condena por un mismo hecho, no prohíbe la investigación, no impide la coexistencia de actuaciones en distintos estadios del proceso ni veda la posibilidad de analizar un mismo suceso bajo diversas hipótesis jurídicas mientras no exista un pronunciamiento definitivo, sostuvo.

Sánchez indicó que los defensores piden suspender el proceso "hasta que finalice la investigación", sin precisar plazo, condiciones objetivas, ni límites temporales; y que la suspensión del mismo prolonga el sufrimiento de las víctimas, debilita la respuesta institucional, consolida escenarios de impunidad.
Desde la Fiscalía también se opusieron al planteo de los defensores. En ese sentido, indicaron que se trata de una mera disconformidad y que sólo buscan demorar la tramitación de la causa. En ese sentido, agregaron que ninguna decisión jurisdiccional puede evitar o limitar que se empleen todos los recursos disponibles y con la intervención de todos los agentes públicos tendientes a lograr el descubrimiento de la verdad real y el paradero de Loan.

Para los fiscales, el caso "constituye una forma de sufrimiento de especial gravedad, tanto para la víctima, por la situación de privación de libertad y sus eventuales consecuencias, como para sus familiares, quienes se ven sometidos a un estado de angustia e incertidumbre permanente ante el desconocimiento del paradero y suerte de su ser querido". Y que se está ante un delito grave, continuo y permanente.

Los jueces del tribunal de juicio, Eduardo Belforte, Simón Bracco y Fermín Ceroleni, rechazaron el pedido de los defensores en forma unánime. "Asiste razón a las (partes) acusadoras en cuanto a que la decisión adoptada por la presidencia y que fuera cuestionada, se trata de una providencia de mero trámite mediante la cual únicamente se fijó fecha para llevar a cabo una audiencia de carácter preliminar, sin que las defensas hayan logrado acreditar que con su realización se concrete algún tipo de afectación a garantías constitucionales de sus asistidos", señalaron.

Agregaron que se trata de "una mera disconformidad para con lo decidido" y recordaron que ya la Cámara Federal de Casación Penal rebatió los argumentos planteados en el pedido de reposición.