Caso Vialidad: la Corte Suprema activó el proceso que podría agravar la condena a Cristina Kirchner

En una decisión que podría marcar un antes y un después en la causa que investiga presuntos hechos de corrupción durante el kirchnerismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación envió el expediente de la causa Vialidad al Procurador General, Eduardo Casal. Su dictamen será clave para definir si la condena de seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner debe mantenerse o agravarse, como reclama el fiscal Mario Villar.

Actualmente, la expresidenta fue condenada por administración fraudulenta y recibió una pena de seis años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, la fiscalía sostiene que debe sumarse el delito de asociación ilícita, lo que podría duplicar la pena a doce años de prisión.

El pedido de Villar se basa en la anulación de las absoluciones dictadas por el Tribunal Oral Federal N°2 en favor de Cristina Kirchner y Lázaro Báez por ese segundo delito. En su presentación ante la Corte, el fiscal consideró "inválida" esa decisión y advirtió sobre la gravedad institucional del caso: "Compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia de lucha contra la corrupción".

Casal no tiene plazos establecidos para emitir su opinión, pero una vez que lo haga, los jueces del máximo tribunal -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- evaluarán si abren los recursos de queja directa. Si los rechazan, las condenas actuales quedarán firmes y comenzarán a ejecutarse.

En paralelo, el fiscal también apeló la absolución de otros tres exfuncionarios: Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro. Todas estas situaciones quedaron bajo análisis de Casal.

Mientras tanto, el posible endurecimiento de la condena tiene implicancias políticas de alto impacto: si se confirma, Cristina Kirchner podría quedar inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, lo que frustraría versiones recientes que la vinculaban con una posible candidatura legislativa en la provincia de Buenos Aires. En ese caso, tampoco podría acceder a los fueros que le otorgarían inmunidad de arresto.

La Corte ahora tiene la última palabra en una causa que sigue teniendo repercusiones políticas, judiciales y sociales en todo el país.