Causa Vialidad: $684 mil millones en 10 días o remate de bienes
El Tribunal Oral Federal 2 intimó a Cristina Kirchner y ocho condenados en la causa Vialidad a devolver al Estado $684.990 millones ($537M USD aprox.) en diez días hábiles. Si no lo hacen, el tribunal activará el remate de bienes embargados para recuperar los fondos.
La causa Vialidad vuelve a escena con un nuevo capítulo. El Tribunal Oral Federal 2 intimó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros siete condenados a pagar en forma solidaria $684.990.350.139,86, equivalentes a unos US$537 millones al tipo de cambio oficial, según el informe actualizado por los peritos de la Corte Suprema.
La cifra corresponde al daño patrimonial causado entre 2007 y 2015, cuando se detectaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales en Santa Cruz a Báez, con sobreprecios y maniobras que beneficiaron a su entorno. En diciembre de 2022 la suma estimada era de $85mil millones; los peritos la ajustaron aplicando el IPC del INDEC hasta junio de 2025.
El TOF 2 le dio a los condenados diez días hábiles -el plazo vencería en agosto- para depositar el dinero en una cuenta especial del Banco Nación. Si no lo hacen, se rematarán sus bienes embargados, incluidos inmuebles, acciones, vehículos y cajas de seguridad.
En el caso de Cristina Kirchner, la fiscalía ya detalló cuentas bancarias, propiedades en Santa Cruz y CABA, y empresas como Los Sauces y Hotesur, que podrían ser ejecutados.
Los peritos oficiales respaldaron la metodología de actualización por inflación y descartaron las valoraciones de la defensa, que proponía un monto mucho menor (~$42mil millones), calificando su peritaje como insuficiente.
Según el fallo, el decomiso busca "restaurar el daño causado al erario público", y se especifica que, si algún condenado no puede pagar su parte, los demás deberán responder solidariamente. Además, el fiscal Diego Luciani destacó la importancia social de que esos recursos reparen los perjuicios producidos.
Esta instancia marca un paso clave en la ejecución de la condena, luego de las apelaciones fallidas ante el TOF 2, la Cámara de Casación y la Corte Suprema. El próximo paso es ver si los acusados cumplen o si se activan los remates, lo que podría implicar la venta forzosa de propiedades y activos para resarcir al Estado.
Este caso promete intensificar el debate público y político sobre la corrupción en la obra pública, el rol de Cristina Kirchner y la efectividad de las condenas penales y económicas que enfrenta antes de las próximas elecciones. (Fuente: El Diario Nuevo Día)