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Causa Vialidad: fiscales reclaman el decomiso de $685 mil millones a Cristina Kirchner

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola insistieron ante el Tribunal Oral Federal 2 en que se ejecute el decomiso de bienes ordenado en la causa Vialidad, que condenó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta.

Redacción Nuevo Día
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola volvieron a pedir que se cumpla la sentencia firme dictada en la causa Vialidad, solicitando al Tribunal Oral Federal 2 que inicie la ejecución del decomiso de bienes ordenado contra Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados.

El reclamo busca aplicar el decomiso solidario por un monto actualizado de 685 mil millones de pesos, cifra establecida en la sentencia que condenó a la ex mandataria a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La oposición de los hijos de la ex presidenta

El planteo de los fiscales se produjo tras las presentaciones realizadas por Máximo y Florencia Kirchner, quienes se opusieron a que se ejecuten propiedades que su madre les había cedido en marzo de 2016.

Luciani y Mola advirtieron que esos bienes deben ser alcanzados por el decomiso, ya que la cesión se concretó "cuando el fraude ya estaba consumado", dentro del período analizado por el tribunal, entre 2003 y 2015.

En un duro escrito, los representantes del Ministerio Público señalaron:

"La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley".

Los jueces darán vista a las defensas

El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Fabián Basso, resolvió dar vista previa a las defensas de todos los condenados antes de tomar una decisión sobre la ejecución del decomiso.

Mientras tanto, los fiscales sostienen que el cumplimiento efectivo del fallo es "una obligación institucional" y no una medida discrecional, e insistieron en que, de ser necesario, los bienes involucrados deberían ser rematados para garantizar la restitución al Estado.

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