Cierran Vialidad y peligran 40 mil km de rutas: denuncian "rutas de la muerte"

La decisión del presidente Javier Milei de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) encendió una fuerte alarma en todo el país. A través de un decreto que también elimina la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, el Gobierno anunció que sus funciones pasarán al Ministerio de Economía y a un nuevo organismo: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. La medida fue defendida como parte del plan de modernización del Estado, pero desde el sector gremial advierten que se trata de una estrategia para favorecer negocios privados.

Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA), advirtió que la disolución de Vialidad dejará "118 rutas nacionales a la deriva" y afectará directamente a más de 40 mil kilómetros de caminos. Además, denunció que el cierre implica el despido de 5.500 trabajadores y el traspaso de bienes e infraestructura valuados en cientos de millones de pesos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). "Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y usan el decreto para hacer negocios", sentenció.

Aleñá acusó al Gobierno de mentir sobre la eficiencia de la DNV, señalando que su funcionamiento fue desfinanciado deliberadamente en los últimos meses, y que esa situación es utilizada ahora como argumento para justificar el cierre. Además, rechazó el traspaso de funciones al Ministerio de Economía, advirtiendo que "aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico y federal de la planificación vial".

"Este decreto no es una simple reorganización administrativa. Es un desmantelamiento del Estado en favor de la tercerización, la privatización y el abandono del rol estratégico del control estatal sobre las obras públicas", agregó la dirigente gremial.

Desde el sindicato también rechazaron la idea de que el sector privado sea más eficiente. "Vialidad tiene funciones clave de auditoría, control de calidad y certificación de obras. Su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia", expresó Aleñá, quien hizo un llamado a gobernadores y fuerzas políticas a oponerse al decreto.

Finalmente, comparó esta política con el desguace del sistema ferroviario en los años 90, advirtiendo que la lógica de rentabilidad por sobre la necesidad social podría dejar a cientos de distritos sin presencia operativa, afectando la seguridad vial, el desarrollo local y el empleo público.