¿Cómo funcionará el plan para reducir deudas de tarjetas y créditos?

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone un régimen extraordinario para aliviar deudas de consumo en Argentina. La iniciativa, impulsada por el legislador Roberto Santiago, apunta a personas con dificultades de pago registradas hasta el 31 de diciembre de 2025.

El plan está dirigido a quienes figuren en las categorías 2 a 5 de la Central de Deudores del Banco Central, lo que incluye a usuarios con distintos niveles de mora en tarjetas de crédito y préstamos personales.

Según el texto, el universo alcanzado podría superar los 18 millones de personas. Además, contempla deudas con bancos, billeteras virtuales y plataformas de financiamiento. "El régimen busca atender una situación de sobreendeudamiento de los hogares que se ha extendido en los últimos años", se detalla en los fundamentos. 

Quitas de hasta el 90% y planes de pago

Uno de los puntos centrales es la condonación total de intereses punitorios, recargos y cargos adicionales. En cuanto al capital, se establece una quita de hasta el 90% para familias con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales.

El saldo restante podrá refinanciarse en hasta 36 cuotas, con una tasa que no supere el 50% de la BADLAR. Para quienes superen ese nivel de ingresos, no habrá quita de capital, pero sí acceso a refinanciación en las mismas condiciones.

"El saldo restante deberá ser refinanciado en hasta 36 cuotas mensuales, con una tasa de interés limitada", indica el proyecto. Además, la adhesión será sin costos administrativos y con requisitos simplificados. 

Fondo estatal y suspensión de ejecuciones

La iniciativa también prevé la creación de un Fondo de Asistencia a Deudores (FAD), que funcionará bajo el Ministerio de Economía. Este fondo podrá adquirir deudas con descuentos y facilitar la reinserción financiera de los beneficiarios.

Entre sus objetivos, se busca evitar ejecuciones judiciales y desalojos. En esa línea, el proyecto establece la suspensión de acciones judiciales por 90 días desde la entrada en vigencia de la ley.

"El esquema tendría un costo fiscal directo cero", sostiene el texto, al tiempo que señala que el impacto estimado sería bajo en relación al sistema financiero. También remarca que podría mejorar la cobrabilidad de créditos actualmente considerados incobrables.(IProfesional)