Condenado por abuso, Alperovich vivirá en el mismo sitio señalado por la víctima

José Alperovich, exgobernador de Tucumán condenado a 16 años de prisión por nueve episodios de abuso sexual, fue beneficiado con el régimen de prisión domiciliaria en un lujoso departamento de Puerto Madero. La decisión, tomada por el juez Juan Ramos Padilla -el mismo magistrado que dictó la condena-, desató una fuerte polémica por tratarse del mismo lugar que la denunciante identificó como escenario de los primeros abusos.

El exsenador nacional permanecía alojado en el Complejo Penitenciario de Ezeiza desde junio de 2024. Ahora continuará cumpliendo su condena con tobillera electrónica, bajo estrictas condiciones judiciales: una caución real de 400 millones de pesos, la prohibición de contacto con la víctima o su entorno, y la imposibilidad de realizar declaraciones públicas que la mencionen.

"Esta medida no es un privilegio ni un acto de compasión, sino el ejercicio legítimo de una atribución legal basada en requisitos específicos", sostiene la resolución firmada por Ramos Padilla. Sin embargo, la determinación de autorizar como domicilio el lugar donde ocurrieron algunos de los hechos denunciados reavivó la indignación pública, especialmente desde sectores feministas y de derechos humanos.

Gabriel Alperovich, hijo del exmandatario, confirmó que la familia viajó a Buenos Aires para coordinar los detalles del traslado. La defensa ya había intentado sin éxito en dos ocasiones obtener una morigeración de la pena, pero ambas solicitudes fueron rechazadas y ratificadas por la Cámara de Casación Penal.

El caso Alperovich se convirtió en un emblema en la lucha contra los abusos cometidos desde posiciones de poder. La sentencia, histórica en su contenido, dejó al descubierto la vulnerabilidad de las víctimas dentro de estructuras de poder político y familiar. Ahora, la resolución que lo ubica nuevamente en un espacio identificado por la víctima como lugar de agresión, pone en el centro del debate el alcance real de la justicia y la necesidad de proteger a quienes denuncian.