Privatizaciones

Corredores Viales: el Gobierno fija 12 meses para su disolución definitiva

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha la privatización de Corredores Viales S.A., empresa estatal que administra gran parte de la red vial nacional. La medida, oficializada por resolución del Ministerio de Economía, otorga un plazo de 12 meses para concesionar los corredores a privados y avanzar en la disolución definitiva de la compañía creada en 2017.

El Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Transporte y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a iniciar el proceso de liquidación de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que actualmente administra una amplia porción de la red vial nacional.

La decisión se apoya en el decreto 97/2025, firmado en febrero, y en la ley 27.742 que incluyó a la compañía dentro del listado de firmas "sujetas a privatización" en el marco de la reforma del Estado.

Cómo será el traspaso al sector privado

El plan prevé la extinción de los contratos vigentes, la confección de nuevos pliegos bajo el régimen de obra pública por peaje y la posterior disolución y liquidación de la empresa.

La Secretaría de Transporte deberá realizar un inventario de bienes, elaborar los acuerdos de finalización de concesiones y definir los tramos viales a concesionar. Paralelamente, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará la valuación de activos y flujos futuros de ingresos por peajes, con la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El procedimiento de adjudicación se realizará mediante una Licitación Pública Nacional e Internacional, a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR, según lo dispuesto en el decreto 416/2025.

Corredores Viales, de estatal a la liquidación

La empresa Corredores Viales S.A. fue creada en 2017 para hacerse cargo de concesiones que quedaron sin operador privado al finalizar antiguos contratos. Ahora, el Gobierno fijó un plazo de 12 meses para transferir la gestión de los corredores al sector privado y concretar su disolución.

Con esta medida, la administración de Javier Milei busca profundizar la reducción del peso del Estado en empresas públicas y trasladar a manos privadas la explotación de la red vial nacional, bajo un esquema de financiamiento basado en peajes.

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