Cristina recibió 702 pedidos de visita: su defensa cuestiona restricciones del Tribunal
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner denunció que los límites impuestos a las visitas que puede recibir en prisión domiciliaria afectan sus derechos políticos y partidarios. Argumentan que obligarla a pedir autorización para reunirse con dirigentes genera un desgaste judicial y restringe su rol como figura política. Ya se recibieron más de 700 solicitudes para verla en su domicilio de Recoleta.
Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su residencia del barrio porteño de Recoleta, enfrenta nuevas restricciones judiciales que, según su defensa, afectan directamente su participación política. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy presentaron una apelación ante la Cámara Federal de Casación, advirtiendo que la exigencia de autorización previa para recibir visitas ajenas a un listado restringido vulnera sus derechos como dirigente.
Desde que el letrado Gregorio Dalbón difundió públicamente la dirección de correo electrónico del Tribunal Oral Federal 2, se registraron 702 pedidos para visitar a la ex presidenta en su domicilio de San José 1111. El juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la condena por la causa Vialidad, derivó esas solicitudes a la defensa de Kirchner, recordando que deben ser canalizadas con la fundamentación correspondiente.
Los defensores sostienen que esta condición genera un "desgaste jurisdiccional innecesario" y advierten que las visitas no deberían estar sujetas a control judicial si no interfieren con la restricción ambulatoria de la condena. "La regla de conducta esencial en casos de prisión domiciliaria se limitaba a acatar la restricción de movimiento", señalaron.
Además, recalcaron que imponer más limitaciones no tiene sustento normativo y representa una potestad complementaria no prevista por la ley. En este sentido, consideraron que la medida "limita los derechos políticos y partidarios" de Cristina Kirchner, al dificultar su interacción con otros dirigentes.
La discusión será ahora evaluada por la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, los mismos que confirmaron la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en el marco de la causa Vialidad.
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