Dalbón denunció a Milei por decir que "decidió" encarcelar a Cristina Kirchner

Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei tras una frase que, según el letrado, "no es una opinión política sino la admisión de un acto de poder ilegal". Dalbón señaló que la conducta encuadra en el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 248 del Código Penal, que contempla prisión e inhabilitación para funcionarios que dicten resoluciones contrarias a la Constitución o las leyes.
El abogado remarcó que la afirmación pública -"Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa" - implica una usurpación de funciones del Poder Judicial y una violación al artículo 109 de la Constitución Nacional.

Acusación de lawfare y consecuencias procesales

Dalbón sostuvo que, si el Presidente reconoce haber influido en un proceso judicial, quedaría afectada la legitimidad de las pruebas y de la sentencia dictada contra Cristina Kirchner. "Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió, que la persecución fue política, y que él la avala", afirmó el letrado.
Según la presentación, esa admisión justificaría -en cualquier país serio- la apertura de un juicio político y podría ser argumento para pedir la anulación definitiva de la condena por haberse producido bajo "influencia" del Poder Ejecutivo.

Defensa del Estado de Derecho y próximos pasos

Dalbón explicó que la denuncia persigue no sólo sancionar un delito sino "defender el Estado de Derecho y la división de poderes" frente a un mandatario que, a su juicio, se arroga la facultad de encarcelar a una dirigente opositora. El abogado recordó además denuncias previas sobre relaciones informales entre magistrados y actores políticos, y cuestionó el papel de algunos medios durante el proceso.
El letrado anunció que la causa tiene por objetivo "pulverizar el lawfare" y promover acciones contra quienes, según él, participaron de la persecución política. La investigación ahora deberá definirse en sede penal, donde se evaluará si las declaraciones públicas configuran los delitos denunciados y qué pruebas aportan los denunciantes para sostener la acusación.

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