Decreto del Ejecutivo nacional flexibiliza la Ley de Glaciares y expande áreas de explotación
El Gobierno nacional avanza con un decreto que modifica la reglamentación de la Ley de Glaciares (26.639), reduciendo las áreas protegidas en zonas periglaciares. La medida incluye nuevos criterios de superficie, antigüedad y valor hídrico para mantener resguardadas esas áreas y se presenta como una forma de dar "seguridad jurídica" a inversiones mineras e industriales. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y la ONU advierten sobre los riesgos que esto implica para la conservación del agua y la biodiversidad.
El Ejecutivo nacional prepara un decreto que modifica la reglamentación de la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, con el objetivo de disminuir las restricciones vigentes en zonas periglaciales -los alrededores de los glaciares- y ampliar así los límites de las actividades económicas permitidas, como minería e hidrocarburos
La propuesta diseñada por técnicos de la Casa Rosada consiste en que solo seguirán protegidas las áreas periglaciares que cumplan simultáneamente estos requisitos: ser de roca o escombros activos, tener como mínimo una hectárea, contar con una antigüedad mayor a dos años, desarrollar una función hídrica relevante y estar incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.
Aun así, la legislación vigente seguirá protegiendo de forma íntegra los glaciares cubiertos y descubiertos y exigirá estudios de impacto ambiental para todas las nuevas actividades
Las autoridades sostienen que la medida, impulsada por el Ministerio de Economía bajo Luis Caputo en colaboración con Energía y Minería, responde a presiones del sector empresarial y busca brindar "seguridad jurídica" para promover inversiones en áreas actualmente restringidas.
Además, se prevé otorgar una mayor capacidad de decisión a las provincias sobre el uso de esos espacios periglaciares
No obstante, la flexibilización ya suscitó fuertes críticas. Organizaciones ambientalistas advierten que achicar las zonas protegidas pone en riesgo ecosistemas esenciales para la reservación de agua y la biodiversidad de alta montaña.
A su vez, la ONU emitió una advertencia el 5 de febrero de 2024 calificando los cambios como "regresivos" y señalando que podrían dañar los derechos de los defensores ambientales
Esta iniciativa no es nueva: el oficialismo ya había intentado incluir modificaciones similares en la Ley de "Bases", pero debió retirarlas por falta de apoyo político. Ahora, con el decreto, el Gobierno busca conseguir efecto sin pasar por el Congreso, reavivando el choque entre desarrollo productivo y protección ambiental.
Con esta medida en puertas, la discusión gira en torno a qué se prioriza: si la expansión de proyectos económicos sobre recursos naturales estratégicos, o el mantenimiento de estándares ambientales que preserven glaciares y cuencas hídricas para las generaciones futuras. (Nuevo Día)
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