Denuncian desmantelamiento del Programa de Cardiopatías Congénitas para bebés por parte del Gobierno nacional

Desde hace cuatro días, el sistema que regula las cirugías cardíacas pediátricas en Argentina funciona en "piloto automático", una condición administrativa que en medicina intensiva puede ser letal. La plataforma digital sigue operativa y las alertas de pacientes graves continúan llegando desde las provincias, pero del otro lado de la pantalla ya no hay nadie capacitado para responder. En una decisión ejecutada sin transición, el Gobierno nacional despidió a la totalidad del equipo de especialistas que coordinaba el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) , dejando al software "húerfano" de criterio médico.

El vacío que se generó en las últimas horas es, según denuncian los especialistas, un acto de ceguera administrativa sin precedentes. No se trató de un ajuste fiscal sobre cargos políticos, sino de la decapitación del equipo técnico (integrado por Willy Conejeros Parodi, Paula Campana, Carlos Rosental, Silvina Rosellot, Mariana Fernández, Tomas Schwaller y María Eugenia Olivetti) que funcionaba como el cerebro de una red federal compleja. La orden de la Dirección Nacional de Redes se ejecutó mediante un correo genérico citando el "artículo 9", dejando al programa más exitoso de la salud pública argentina atendido únicamente por personal administrativo, a quienes se les sugirió que los cardiólogos despedidos podían pasar "a hacer trabajo de telefonistas".

El impacto de este "apagón" de expertos es inmediato y federal. Hasta la semana pasada, si nacía un bebé con una malformación cardíaca en un pueblo del interior, este equipo evaluaba en tiempo real la complejidad y decidía si el paciente se quedaba en su provincia, iba a un centro regional o era trasladado a Buenos Aires. Hoy, esa torre de control está desierta. La Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP) advirtió que la medida implica un riesgo de vida directo: desarticular la red significa volver a la época en la que la suerte de un niño dependía de la burocracia y no de su cuadro clínico, rompiendo la lógica de derivación que sostenía el sistema.

Las cifras exponen la irracionalidad de la medida: el PNCC había logrado reducir la lista de espera quirúrgica a cero y garantizaba una sobrevida del 95%, equiparando las estadísticas argentinas con las del primer mundo. El diputado y médico Pablo Yedlin fue categórico al calificar el desmantelamiento como "ilegal", recordando que el programa tiene rango de Ley desde 2023 (Ley 27.713). Sin embargo, la motosierra pasó por encima de la normativa, poniendo en jaque la atención de los más de 4.000 bebés que nacen anualmente con estas patologías, de los cuales la mitad requiere cirugía urgente para sobrevivir.

Fuente: Diario Perfil