El gobierno avanza con la "jubilación forzosa" para estatales: de qué se trata

El Gobierno nacional avanzó con una medida que establece la jubilación forzosa para empleados públicos que hayan alcanzado la edad jubilatoria, aun cuando no cuenten con los años de aportes exigidos por el sistema previsional. La decisión fue adoptada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y afecta principalmente a trabajadores contratados mayores de 65 años.

Según la resolución, los contratos de estos empleados solo podrán extenderse por un plazo máximo de seis meses. Una vez vencido ese período, quienes no logren acceder a una jubilación ordinaria quedarán sin vínculo laboral y deberán recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) como única fuente de ingresos. Actualmente, este beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima, lo que representa un haber de $279.443, de acuerdo a datos difundidos por la agencia Noticias Argentinas.

Desde el Ejecutivo se aclaró que la PUAM incluye cobertura médica a través del PAMI, pero no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni reconoce los beneficios completos de una jubilación contributiva. En paralelo, la normativa establece que los organismos del Estado deberán presentar de manera obligatoria la constancia de intimación a jubilarse para renovar contratos en aquellos casos donde los trabajadores acrediten más de 30 años de aportes al sistema previsional.

El impacto de la medida genera inquietud en distintos sectores del empleo público. Hacia fines de 2024, los empleados contratados representaban el 12,7% del total del personal estatal, con cerca de 58.000 trabajadores. Ese número comenzó a reducirse como consecuencia de la no renovación de contratos, aunque una parte de los alcanzados por la normativa no reúne los requisitos legales para jubilarse ni cuenta con la posibilidad de completar los aportes faltantes.

La situación se vuelve más delicada en áreas técnicas del Estado donde estos trabajadores son los únicos con experiencia específica o en dependencias que funcionan con dotaciones mínimas. A este escenario se suma el contexto previsional general: en Argentina, casi 1.100.000 jubilados continúan activos laboralmente, lo que representa el 19% del total y un incremento del 60% respecto de una década atrás, reflejando las dificultades para sostener ingresos suficientes tras el retiro.

Cabe recordar que meses atrás, mediante la Resolución 3/2023, ya se había intimado a jubilarse a unos 10.000 empleados públicos que cumplían con las condiciones legales, de los cuales 6.800 pertenecían a planta permanente. En paralelo, la dotación total de la Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, tras una reducción interanual del 7,2%.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante el último año se recortaron 63.234 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, lo que equivale a una caída del 18,4%, con un promedio cercano a 80 empleados menos por día. La medida se inscribe así en la política de ajuste y reordenamiento del Estado impulsada por el gobierno de Javier Milei, y continúa generando debate por su impacto social, laboral y previsional. (Fuente: El Diario Nuevo Día)