El Gobierno endureció el acceso a la ciudadanía y restringe servicios a migrantes

Este jueves, el Gobierno nacional oficializó mediante el DNU 366/2025 una serie de reformas a la Ley de Política Migratoria 25.871. El texto legal introduce modificaciones sustanciales que afectan el acceso de personas extranjeras a servicios esenciales como salud y educación, y endurece los criterios para residencias permanentes y naturalización en el país.

El decreto establece que, fuera de situaciones de emergencia, los extranjeros que no cuenten con residencia permanente deberán presentar un seguro de salud o abonar previamente la atención médica en hospitales públicos nacionales. Similar criterio se aplicará a las universidades públicas, que podrán establecer aranceles para estudiantes extranjeros sin residencia permanente, aunque se aclara que se mantendrán excepciones mediante becas y convenios internacionales.

En materia de acceso a la educación básica, se sostiene el principio de no discriminación por estatus migratorio. Los extranjeros, incluso en situación irregular, podrán asistir a instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, tanto públicas como privadas.

Otro punto central del DNU es la categorización migratoria. Se detallan las condiciones bajo las cuales los extranjeros podrán ser admitidos como residentes permanentes, temporarios o transitorios. La Dirección Nacional de Migraciones conservará la potestad de otorgar o revocar residencias precarias, con una vigencia de hasta 90 días renovables, que no generan derechos automáticos a residencias permanentes ni nacionalización.

Respecto al proceso de naturalización, se establece que los solicitantes deberán acreditar medios económicos suficientes, carecer de antecedentes penales y demostrar arraigo legítimo. A su vez, los hijos de argentinos nacidos en el exterior podrán acceder directamente a la residencia permanente.

En el apartado de reunificación familiar, el decreto aclara que podrán acceder a residencias temporarias quienes sean cónyuges, padres o hijos menores o con discapacidades de argentinos o residentes permanentes. El permiso tendrá un plazo máximo de tres años, prorrogable.

Estas modificaciones se enmarcan en un enfoque más restrictivo del Gobierno en materia migratoria, alineado con el criterio de "orden y reciprocidad", según afirmaron voceros oficiales. Desde distintas organizaciones sociales y de derechos humanos ya se anticipan cuestionamientos por considerar que se limita el acceso a derechos básicos a sectores vulnerables.