El Gobierno necesita convencer a las provincias para que apoyen el veto de Milei

El Congreso de la Nación fue escenario esta semana de una tormenta política que sacudió al gobierno de Javier Milei. La oposición, en una demostración de fuerza inusual, logró aprobar en el Senado un paquete de proyectos que incluyen aumentos jubilatorios, una moratoria previsional, una emergencia en discapacidad y mayores aportes del Tesoro Nacional.

Estas iniciativas, que según el Gobierno representan un costo fiscal de 2,5 puntos del PBI, chocan frontalmente con la bandera irrenunciable de Milei: el equilibrio fiscal como pilar para combatir la inflación crónica de Argentina.

La sesión del Senado, que culminó con una aprobación casi unánime de los proyectos, evidenció una coalición opositora amplia y diversa. Desde el kirchnerismo, que lideró la ofensiva con sus 33 bancas, hasta sectores del radicalismo, el PRO y partidos provinciales como el peronismo cordobés, la oposición mostró una cohesión que sorprendió al oficialismo.

Este reagrupamiento político, en un contexto de campaña electoral incipiente, pone en jaque la estrategia del Gobierno, que cuenta con una representación mínima en ambas cámaras del Congreso.

El presidente Milei, fiel a su estilo combativo, anunció su intención de vetar los cuatro proyectos aprobados. Sin embargo, el verdadero desafío no es el veto en sí, sino garantizar que no sea revertido por el Congreso, lo que requiere del respaldo de al menos un tercio de los votos en cada cámara.

Aquí radica el problema: la oposición, fortalecida por el consenso de 23 gobernadores reunidos hace dos meses en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), mostró una capacidad de negociación que el Gobierno no puede ignorar. Desde Axel Kicillof hasta Alfredo Cornejo, los gobernadores, incluso los más dialoguistas, cerraron filas para exigir más fondos y apoyar medidas como la mejora jubilatoria, en un momento donde la campaña electoral para las elecciones de medio término comienza a definir lealtades.

El Gobierno, por su parte, acusa a la oposición de querer "destruirlo". Milei señaló directamente a los gobernadores, aunque sin distinguir entre aliados y adversarios, quemando puentes en un escenario legislativo ya de por sí hostil.

Esta tensión se agravó con el desplante del 9 de julio en Tucumán, donde ningún gobernador, salvo el anfitrión Osvaldo Jaldo, asistió al acto institucional encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La relación entre Milei y Villarruel, además, suma un capítulo de fricciones: el Presidente la acusó de "traidora" por no haber frenado la sesión del Senado, a pesar de que, como presidenta de la Cámara, no tenía potestad para hacerlo. Este enfrentamiento, más allá de su carga simbólica, refleja la impotencia del oficialismo ante un Congreso que le es adverso.

El Gobierno apuesta todo a las elecciones de octubre, con el objetivo de reconfigurar el Congreso y fortalecer sus bloques legislativos. Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con poco más de 30 diputados y un puñado de senadores; la meta es superar los 80 diputados y los 15 senadores para blindar los vetos presidenciales.

Sin embargo, el camino hacia las urnas está plagado de obstáculos. Los gobernadores, conscientes de la evaluación que los argentinos harán del Gobierno nacional en las elecciones, están construyendo alternativas electorales en cada provincia para captar el descontento.

Este "archipiélago" de realidades provinciales complica la narrativa oficialista de polarizar el escenario entre "kirchnerismo" y "libertad". El superávit fiscal, clave en la estrategia de Milei para controlar la inflación, está en el centro de esta pulseada. Los gobernadores, en una suerte de "paritaria política", han demostrado su poder de fuego al aprobar leyes que desafían el ajuste fiscal.

La oposición, aunque fragmentada, no se concentra únicamente en torno al kirchnerismo, sino que responde a intereses provinciales que buscan diferenciarse del oficialismo en un año electoral. Incluso aliados tradicionales del Gobierno, como el senador Luis Juez, han respaldado proyectos como la emergencia en discapacidad, dificultando la narrativa de Milei de un Congreso dominado por "ratas" que obstaculizan su gestión.

El Gobierno enfrenta, entonces, un dilema: ceder ante las demandas de fondos de los gobernadores para recomponer alianzas o mantenerse firme en su postura de ajuste, arriesgando un mayor aislamiento político.

Mientras tanto, la campaña electoral agudizará las tensiones, y el 11 de diciembre, con un Congreso renovado, será el momento clave para Milei.