El Gobierno pidió que Milagro Sala deje la domiciliaria y vaya presa
El Gobierno nacional solicitó nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Milagro Sala deje la prisión domiciliaria y cumpla su condena en la cárcel. La exdirigente social jujeña fue condenada por corrupción y otros delitos, y desde el Ejecutivo sostienen que incumplió las condiciones impuestas por la Justicia. El pedido se enmarca en la política oficial de "fin de privilegios" para condenados con sentencia firme.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación reiteró este jueves un pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Milagro Sala cumpla su condena en una cárcel común. La exdirigente social se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria desde 2017, pese a haber sido condenada por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas.
El planteo fue realizado mediante un comunicado oficial difundido en Buenos Aires, en el que el Gobierno remarcó que la situación actual de Sala constituye un beneficio excepcional que no se condice con la gravedad de los delitos por los que fue condenada.
El argumento del Gobierno y el incumplimiento judicial
Desde el Ejecutivo señalaron que Sala violó las condiciones de su prisión domiciliaria al cambiar de lugar de residencia sin autorización judicial. "Eso activó el sistema de monitoreo y motivó medidas de control", sostuvieron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos.
En el texto oficial, el Gobierno cuestionó la estrategia de la exdirigente social y afirmó que "define las acciones de la Justicia como hostigamiento" y que "busca invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio".
"Fin de privilegios" y postura oficial
El comunicado también afirmó que "la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales" y calificó la medida dispuesta por la CIDH como "un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres".
Además, el Gobierno fue enfático al señalar que "los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien". En ese marco, la Subsecretaría de Derechos Humanos reafirmó la postura del gobierno del presidente Javier Milei en relación al fin de privilegios para personas con condenas firmes.
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