El Gobierno promulgará la Emergencia en Discapacidad pero con una tajante condición
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Gobierno promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial de Javier Milei. Sin embargo, advirtió que no se aplicará hasta definir su financiamiento, cuyo costo estimado podría representar hasta el 0,42% del PBI.
El Gobierno nacional confirmó este lunes que promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso tras derribar el veto presidencial de Javier Milei. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que la norma no se reglamentará hasta que se determine cómo se financiará su implementación.
"Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?", cuestionó el funcionario en diálogo con Clarín, al remarcar que el Congreso debe establecer la fuente de los recursos cuando sanciona una ley.
El costo fiscal de la medida
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la normativa podría aumentar el número de beneficiarios en 493 mil a 946 mil personas, lo que implicaría un gasto adicional de entre $1,8 y $3,6 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.
Además, se calcula un refuerzo de $278.323 millones para compensar a prestadores y $7.160 millones destinados a talleres de producción. "Yo estoy dispuesto a reunirme con quien quiera para decirme cómo hacemos. Lo que no me parece admisible es que la oposición diga ‘arréglensela como puedan'", expresó Francos.
Qué prevé la ley
La emergencia regirá hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca saldar deudas con prestadores del sistema de salud, además de garantizar una actualización automática de aranceles según el índice de precios al consumidor.
También establece un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social, así como el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatibles con empleo registrado dentro de los topes establecidos.
Otro de los puntos clave es el refuerzo del financiamiento y funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo encargado de coordinar políticas públicas en la materia.