El jury removió a Julieta Makintach y ahora la Justicia avanza con una causa penal por graves delitos
Julieta Makintach fue destituida de su cargo como jueza tras un escándalo judicial que sacudió al país. La exmagistrada autorizó la grabación de un documental durante el juicio oral por la muerte de Diego Maradona, lo que derivó en la nulidad del proceso, un jury de enjuiciamiento y una causa penal que continúa abierta.
El caso que marcó el ámbito judicial durante el año tuvo como protagonista a Julieta Makintach, quien integraba el tribunal encargado de juzgar las presuntas responsabilidades médicas en la muerte de Diego Armando Maradona. El proceso avanzaba con normalidad hasta que, en plena audiencia, fue acusada de haber autorizado la presencia de cámaras para filmar el debate oral, algo expresamente prohibido.
La denuncia fue realizada por la defensa de uno de los imputados y luego respaldada por los abogados de los familiares del exfutbolista. "Se trató de una irregularidad grave que comprometía la imparcialidad del tribunal", sostuvieron los querellantes al solicitar que se investigue lo ocurrido.
Un documental y un juicio declarado nulo
La investigación judicial avanzó rápidamente y permitió detectar la existencia de material audiovisual que confirmaba la grabación de un documental sobre el juicio, titulado "Justicia Divina", cuya figura central era la propia Makintach. Entre las pruebas recolectadas se encontraron videos, un guion preliminar y testimonios que indicaban que la exjueza había dado autorización directa para filmar dentro del edificio judicial.
Ante este escenario, el juicio por la muerte de Maradona fue declarado nulo por sospecha de parcialidad. En paralelo, comenzaron a acumularse pedidos de juicio político, mientras la Suprema Corte Bonaerense resolvía suspender a Makintach de manera preventiva.
Destitución y causa penal abierta
Pese a presentar su renuncia con la intención de evitar el jury, el gobernador bonaerense Axel Kicillof no la aceptó y permitió que el proceso avance. Finalmente, un jurado integrado por conjueces resolvió destituirla por unanimidad tras considerar acreditado el mal desempeño en sus funciones.
Además, los fiscales que investigan el caso penal informaron que existen elementos para imputarla por cohecho pasivo, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. "Ahora la causa puede avanzar sin los fueros que la protegían", indicaron fuentes judiciales.
Si bien la exjueza apeló la decisión y anticipó que podría llegar hasta la Corte Suprema de la Nación, la investigación penal continúa su curso. El último capítulo de uno de los mayores escándalos judiciales del año aún no está cerrado y podría definirse en el próximo período judicial.
