El nuevo plan de la SIDE autoriza vigilancia interna sobre voces críticas

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que redefine los objetivos del organismo y abre la puerta a una vigilancia interna sobre ciudadanos que expresen críticas hacia el Gobierno. El documento, clasificado y de 170 páginas, fue revelado por el diario La Nación y generó preocupación entre sectores políticos, judiciales y de derechos humanos.

Entre los puntos más polémicos, el texto autoriza a la SIDE a recabar información sobre personas que, a su criterio, puedan "erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios" o provocar una "pérdida de confianza" en las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei.

El plan fue elaborado bajo la conducción de Sergio Neiffert, titular del organismo, y amplía el espectro de vigilancia más allá de amenazas tradicionales. Periodistas, economistas, académicos y referentes sociales podrían convertirse en objetivos, en caso de que se considere que inciden negativamente en el respaldo público al Ejecutivo. La medida se alinea con declaraciones recientes de funcionarios libertarios que apuntaron contra medios de comunicación y figuras críticas.

Además, el documento establece como áreas de interés a quienes puedan "manipular" la opinión pública en procesos electorales, difundir "desinformación" o alterar la "percepción social", particularmente mediante el uso de inteligencia artificial. Este punto cobra relevancia tras la viralización de videos falsos atribuidos a dirigentes políticos en redes sociales, hechos que fueron minimizados por voceros oficiales como "chistes".

Pese a estos nuevos enfoques, el PIN mantiene áreas tradicionales de acción como la prevención del terrorismo, el combate al crimen organizado y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur y la Antártida.

El nuevo plan llega acompañado de un aumento presupuestario significativo. A principios de mayo, el Gobierno dispuso una ampliación de $25.000 millones para la SIDE, de los cuales $8.000 millones serán destinados a gastos reservados, es decir, fondos que no requieren rendición ante el Congreso. Este tipo de partidas ya habían sido motivo de debate en 2023, cuando se destinaron más de $100.000 millones sin control parlamentario.

El giro estratégico de la inteligencia estatal abre interrogantes sobre los límites entre seguridad y libertad de expresión, especialmente en un contexto de alta polarización política. Para organismos de derechos civiles, la falta de controles y la ambigüedad de los criterios definidos en el documento podrían habilitar abusos en el uso del aparato estatal de inteligencia.