El oficialismo abre el debate en Diputados por la reforma a la Ley de Glaciares y busca dictamen en medio de tensión política y ambiental

Luego de la media sanción en el Senado, el oficialismo acelera el tratamiento de la reforma a la Ley 26.639 en la Cámara de Diputados. El plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente, y de Asuntos Constitucionales, comenzará a las 10 con el objetivo de avanzar en el análisis del proyecto.

Desde el entorno parlamentario del oficialismo señalaron que la intención es que la iniciativa se convierta en ley antes de fin de mes, aunque admiten que el debate no se agotará en una sola jornada. En paralelo, organizaciones ambientalistas se mantienen en alerta por los posibles efectos sobre las reservas estratégicas de agua.

Señal política y económica

La discusión legislativa se da en un contexto en el que el presidente Javier Milei busca fortalecer su agenda de apertura a inversiones extranjeras. En la Casa Rosada consideran que la media sanción obtenida en el Senado puede funcionar como "un imán" para captar capitales interesados en la explotación minera e hidrocarburífera.

El proyecto fue aprobado en la Cámara alta con 40 votos afirmativos y 31 rechazos. La iniciativa responde a un compromiso asumido por el Gobierno con mandatarios de provincias cordilleranas, que reclaman una legislación "más dinámica" para destrabar inversiones.

"No todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable", precisaron fuentes parlamentarias al explicar el nuevo enfoque que introduce la reforma.

Qué cambia con la reforma

La modificación propone redefinir el alcance de las zonas protegidas. Mientras se mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares, se habilita la posibilidad de desarrollar proyectos en áreas periglaciares que no cumplan una función hídrica fehaciente, siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental aprobada.

Además, se otorgan mayores facultades a las provincias para determinar qué zonas proteger, reduciendo la injerencia del Estado nacional. Entre las actividades que seguirán prohibidas figuran aquellas que liberen sustancias contaminantes, así como la exploración y explotación minera o hidrocarburífera en glaciares.

Desde sectores de la oposición advirtieron que la iniciativa podría "dejar sin efecto la protección de reservas estratégicas de recursos hídricos vitales para el consumo humano y la biodiversidad". En ese sentido, remarcan que la normativa vigente desde 2010 protege tanto glaciares visibles como formaciones periglaciares compuestas por suelos congelados, roca y sedimentos.

El proyecto también crea el Inventario Nacional de Glaciares, que estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo coordinación de la Secretaría de Energía.

La discusión promete ser uno de los ejes políticos centrales del mes en el Congreso, con impacto directo en las provincias cordilleranas y en el modelo de desarrollo productivo que impulsa el Gobierno nacional.