El Presupuesto 2026 prevé recortes en pensiones por invalidez y una partida para universidades muy lejos de lo solicitado

El presidente Javier Milei presentó anoche el proyecto de Presupuesto 2026 con la promesa de destinar mayores recursos a áreas sociales que habían sido alcanzadas por el ajuste. Entre ellas, mencionó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), encargada de administrar las pensiones por invalidez. Sin embargo, los números oficiales muestran otra realidad: el organismo dispondrá de $5,21 billones, apenas un 8,3% más que la asignación vigente de $4,8 billones.

Cuando se analiza el rubro específico de las pensiones, la situación es aún más crítica. Para 2026 se proyecta un gasto de $4,038 billones, por debajo de los $4,059 billones de este año, según los datos del Ministerio de Economía. Este dato contradice lo expresado por Milei, quien había asegurado que las pensiones "aumentarán en un 5% por encima de la inflación".

Menos beneficiarios y continuidad de auditorías

Otro punto sensible del Presupuesto es la reducción en la cantidad de pensiones que otorgará el Estado. Actualmente, la Andis administra 1.133.549 pensiones, pero el proyecto contempla apenas 977.943 para 2026. Esto confirma que seguirán adelante las auditorías y revisiones que derivan en suspensiones y bajas de beneficios.

Universidades: un aumento lejos de lo necesario

En cuanto al financiamiento de las universidades nacionales, el Gobierno anunció una partida de $4,8 billones para 2026, lo que representa un incremento del 14,2% frente a los $4,2 billones vigentes. Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que el monto es claramente insuficiente.

"Los 4,8 billones de pesos anunciados por el Presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema", expresaron los rectores en un comunicado.

Además, el proyecto plantea derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que garantiza que el presupuesto destinado a la educación no sea inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), una medida que genera fuerte rechazo en el sector académico.

Con información de La Nación