El Senado aprobó aumentos para jubilados: cómo impactan en los haberes

Este jueves, el Senado de la Nación convirtió en ley un proyecto impulsado por la oposición que propone un nuevo incremento para los jubilados y pensionados del país. La iniciativa contempla una suba del 7,2% en todos los haberes y una actualización del bono mensual, que pasaría de $70.000 a $110.000. Aunque desde el Ejecutivo ya adelantaron que vetarán la norma, su aplicación dependerá ahora de cómo avance el debate en el Congreso.

Con los valores actuales, la jubilación mínima asciende a $309.294,79. Al sumarle el bono vigente, los beneficiarios cobran hoy $379.294,79. De aprobarse plenamente esta nueva ley, ese monto pasaría a ser de $441.564, lo que representa una mejora del 16,4%. El haber máximo también se actualizaría y alcanzaría los $2.231.111, en tanto que quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasarían de $247.436 a $317.436 mensuales.

En el caso de Santa Cruz, donde más del 50% de los adultos mayores cobran el haber mínimo o están en el rango de cobertura del bono, este incremento representaría un alivio importante frente al impacto de la inflación en productos básicos y servicios esenciales.

A nivel nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que la jubilación promedio para quienes tienen aportes ronda los $900.000. Con la suba, ese monto se elevaría a $964.800. Sin embargo, el presidente Javier Milei reiteró que vetará cualquier medida que "atente contra el déficit cero", y cuestionó el proyecto por su impacto fiscal. Según datos oficiales, el costo de aplicar el aumento sería del 0,20% del PBI en 2025 y alcanzaría el 0,42% en 2026.

La norma aprobada también contempla la restitución de la moratoria previsional por dos años, permitiendo que personas sin los 30 años de aportes puedan acceder a una jubilación mínima mediante planes de pago. Este punto fue clave para la oposición, que advirtió que "siete de cada diez personas no podrían jubilarse" si no se restablecía ese mecanismo.

Para cubrir el gasto, el proyecto incluye fuentes de financiamiento específicas, como la eliminación de exenciones impositivas a sectores privilegiados, la nacionalización de fondos de entes recaudadores y la reasignación de partidas que fueron otorgadas por decreto a organismos como la SIDE.

Mientras tanto, jubilados y pensionados esperan con incertidumbre el desenlace legislativo, atentos a si el aumento finalmente se hará efectivo o si el veto presidencial bloquea una medida que, según distintos sectores, busca mejorar el poder adquisitivo de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.