LEY DE GLACIARES

El Senado debate la reforma de la Ley de Glaciares y movilizarán hacía el Congreso

La sesión será este jueves y podría darle media sanción al proyecto. También habrá protestas contra la reforma laboral y la baja de imputabilidad.

Redacción Nuevo Día
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Organizaciones sociales, ambientales y feministas convocaron a concentrarse este jueves frente al Congreso en rechazo al tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares.

Entre los espacios que impulsan la protesta se encuentra el colectivo Ni Una Menos, que llamó a una respuesta "colectiva" ante lo que definieron como un avance de políticas punitivas, extractivistas y de precarización.

La convocatoria está prevista para este jueves 26 desde las 16, con actividades culturales y un espacio destinado a infancias.

A partir de las 17 se realizará un festival frente al Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires.

Organizaciones sociales se movilizan contra la reforma de la Ley de Glaciares

El reclamo no se limita al debate ambiental. Las organizaciones también anticiparon que el viernes volverán a movilizarse contra la reforma laboral y el proyecto que propone bajar la edad de punibilidad, dos iniciativas que generan fuerte rechazo en distintos sectores sociales.

La Ley de Glaciares regula la protección de los cuerpos de hielo y prohíbe actividades que puedan afectar su función como reservas estratégicas de agua.

Los sectores convocantes sostienen que cualquier modificación puede impactar sobre el equilibrio ambiental y abrir la puerta a una mayor explotación de recursos.

El proyecto ya había dado un paso clave a fines de 2025. En diciembre, la iniciativa consiguió dictamen favorable en comisión tras dos jornadas de exposiciones y debate en el Senado.

Durante esas reuniones participaron gobernadores de provincias con actividad minera, representantes del sector empresario, funcionarios nacionales y organizaciones ambientalistas. El intercambio dejó al proyecto en condiciones de ser llevado al recinto.

Pero, pese a ello, la votación no avanzó antes del cierre del período legislativo. Con el Congreso enfocado en la discusión del Presupuesto 2026, la definición quedó pendiente y fue postergada para febrero de este año.

El Gobierno modificará la Ley de Glaciares y expandirá las posibilidades de explotación

El Poder Ejecutivo prepara una serie de modificaciones de la "Ley de Glaciares", que saldrá por decreto para ampliar los márgenes de explotación sobre los hielos nacionales. Se trata de una serie de modificaciones sobre la ley 26.639, para habilitar la actividad económica en las zonas periglaciares.

Según adelantó el medio TN, los equipos del Gobierno trabajan en una reducción de las áreas prohibidas para la instalación de industrias, de la exploración minera e hidrocarburífera, de la liberación de productos químicos o residuos y de la construcción de infraestructura que no esté relacionada con la investigación científica.

En la actualidad, por la mencionada ley, existen multas de cien a cien mil salarios básicos de la Administración Pública, sumado a la suspensión y el cese definitivo de quienes infrinjan las áreas bajo reglamentación.

En este sentido, afirman que en el Ejecutivo buscan restringir la protección de las áreas cercanas a los glaciares a las que únicamente sean de roca o de escombros activos. Asimismo los funcionarios nacionales quieren que se exija la obligación de que tengan una superficie de mínima de una hectárea, junto con una duración de al menos dos años, que cumplan una función hídrica relevante y que estén incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.

Por otro lado, afirman que el oficialismo mantendrá el marco de restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos y aseguran que continuará exigiendo informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión.

Impacto ambiental

Expertos del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) destacan que estos ecosistemas no solo abastecen de agua a millones de personas, sino que son reservorios críticos frente al cambio climático. La posible degradación de estas zonas, alertan, podría tener impactos irreversibles.

La medida es justificada con el argumento de brindar "seguridad jurídica" a inversiones en proyectos industriales y extractivos, ha reavivado tensiones con ambientalistas, quienes advierten sobre riesgos para ecosistemas montañosos clave en la regulación del clima y el abastecimiento de la población.

Fuente: Data Diario 

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