En medio de una investigación judicial, el hermano de Manuel Adorni declaró una herencia de $21 millones

El diputado provincial Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, corrigió su declaración jurada luego de quedar involucrado en una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Tras la rectificación presentada ante la Oficina Anticorrupción, el legislador bonaerense informó que posee 21 millones de pesos correspondientes a una herencia que no había sido declarada anteriormente.

La investigación está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y del juez Daniel Rafecas, quienes ya ordenaron distintas medidas, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

La Justicia investiga su patrimonio y un crédito hipotecario

Además de incorporar el dinero declarado como "efectivo en el país", Francisco Adorni modificó datos vinculados a la valuación de su vivienda en City Bell y al crédito hipotecario que mantiene con el Banco Provincia.

Según la actualización presentada, el valor del inmueble -un dúplex de 162 metros cuadrados del cual posee el 50 por ciento- pasó de 38.790.000 pesos declarados en 2024 a 67.500.000 pesos.

En paralelo, también actualizó la situación del préstamo hipotecario. La denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano sostiene que el legislador habría cancelado en 12 cuotas un crédito por 60 millones de pesos, situación que despertó sospechas sobre el origen de los fondos.

Ahora, el diputado informó que aún mantiene una deuda de 57 millones de pesos y que al inicio de 2025 debía 45 millones.

Marijuán pidió informes bancarios y documentación oficial

La Justicia aguarda información detallada del Banco Provincia sobre el crédito hipotecario, incluyendo cronograma de pagos, saldos adeudados y documentación respaldatoria vinculada al origen de los fondos utilizados.

Asimismo, el Juzgado Federal N°6 ordenó medidas en el Ministerio de Defensa para obtener documentación relacionada con el paso de Francisco Adorni por distintos cargos públicos, entre ellos la Unidad de Auditoría Interna y el Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares.

También se solicitaron informes a organismos como Migraciones, Banco Central, UIF, IGJ y entidades tributarias.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la corrección presentada por el legislador no disipó las sospechas judiciales y que actualmente los investigadores analizan información relacionada con cuentas de inversión en el mercado de capitales.(Infobae)