Fentanilo contaminado: la Justicia ordenó nuevos peritajes clave

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la realización de nuevos peritajes en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado, con el objetivo de profundizar el alcance del daño provocado por el medicamento adulterado. La decisión se conoció este viernes 30 de enero y se da tras la confirmación de 111 muertes vinculadas al caso.

El magistrado solicitó al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia la elaboración de informes detallados para determinar con precisión las secuelas físicas y mentales en los 48 pacientes que sobrevivieron luego de haber recibido el opioide contaminado. La evaluación médica será central para establecer el impacto real que tuvo el fármaco en la salud de quienes lograron sobrevivir.

En paralelo, Kreplak pidió que se analice "en qué medida se incrementó el riesgo de muerte" en los 111 pacientes fallecidos tras la administración del medicamento. Según se desprende del expediente, esta evaluación científica podría ser clave para definir una posible ampliación de las imputaciones contra los responsables de la producción y distribución del fentanilo adulterado.

Hasta el momento, la causa cuenta con 20 personas procesadas. Entre ellas se encuentran Ariel Fernando García Furfaro, titular del laboratorio HBL Pharma Group S.A.; su hermano Diego Hernán García Furfaro; su madre, Nilda Furfaro; y otros directivos y responsables vinculados también al laboratorio Ramallo S.A. Todos ellos permanecen bajo prisión preventiva por su relación directa con la elaboración del medicamento.

Además, en septiembre del año pasado, el juez dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de otras siete personas, a quienes se les impuso la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y la obligación de presentaciones periódicas ante la Justicia. Todos los imputados apelaron los procesamientos y ahora la definición quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata, que deberá resolver la situación procesal de los involucrados tras el reinicio de la actividad judicial.