Financiamiento universitario: acuerdo salarial y continuidad del reclamo en la Justicia

El Gobierno nacional y las universidades públicas lograron este martes un acuerdo salarial y presupuestario que busca descomprimir el conflicto que desde hace meses enfrenta al sistema universitario con la administración central por la falta de recursos para garantizar su funcionamiento.

La negociación fue encabezada por el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas de todo el país. El entendimiento incluye una recomposición salarial para docentes y no docentes, refuerzos presupuestarios para programas estratégicos y financiamiento destinado a hospitales universitarios.

No obstante, pese al acercamiento alcanzado, las autoridades universitarias confirmaron que continuarán con la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y aún sin implementación efectiva.

Cómo será el aumento salarial

La propuesta acordada contempla una recomposición salarial total del 24,33%, que se aplicará en dos etapas.

El primer tramo consistirá en una actualización del 21,33% a partir de julio, mientras que el segundo incremento será del 3% en octubre.

Según trascendió, la recomposición incluye la recuperación de siete puntos correspondientes a 2024, otros 12,33 puntos vinculados a 2025 y un porcentaje adicional destinado a compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada hasta mayo de 2026.

Además, el acuerdo prevé la convocatoria a reuniones paritarias con los gremios universitarios para avanzar en la discusión salarial sectorial.

Becas y hospitales universitarios

Junto con la mejora salarial, el Gobierno incorporó una serie de medidas destinadas a fortalecer áreas consideradas estratégicas dentro del sistema universitario.

Entre ellas se destaca un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, orientado a estudiantes de carreras vinculadas a sectores clave para el desarrollo productivo y tecnológico del país.

Asimismo, se acordó una partida específica de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios, instituciones que cumplen funciones esenciales en materia de atención médica, formación profesional e investigación científica.

Las conversaciones también incluyeron la situación del personal docente de los establecimientos preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la pérdida de ingresos registrada en los últimos años, especialmente tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La demanda ante la Corte Suprema continúa

A pesar del acuerdo alcanzado, los rectores ratificaron que mantendrán la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

La causa se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia y tiene como eje el reclamo por la aplicación de la norma aprobada por el Congreso Nacional, cuya implementación permanece suspendida.

Las universidades cuentan con una medida cautelar favorable que fue ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente se encuentra frenada por un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.

La decisión definitiva ahora depende de la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para emitir un fallo.

La postura del Gobierno

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la Ley de Financiamiento Universitario presenta problemas de legalidad debido a que, según su interpretación, no cumple con los requisitos establecidos por la normativa de administración financiera respecto del origen de los recursos necesarios para su ejecución.

Por ese motivo, el Gobierno considera que la discusión judicial debe continuar independientemente del acuerdo presupuestario alcanzado con las universidades.

Persisten las dudas de los gremios

Mientras los rectores valoraron el avance logrado en las negociaciones, los gremios universitarios mantienen una postura cautelosa.

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) señalaron que esperan la formalización de los compromisos asumidos por el Ejecutivo y reclamaron la convocatoria efectiva a paritarias.

Además, remarcaron que el conflicto universitario no se limita exclusivamente a la cuestión salarial, sino que también involucra el financiamiento estructural de las instituciones y la necesidad de garantizar recursos suficientes para el funcionamiento académico, científico y de extensión.

Universidades en estado de alerta

Pese al acuerdo anunciado, la comunidad universitaria mantiene el estado de alerta y seguimiento sobre la evolución de las negociaciones y el avance de la causa judicial.

En las últimas semanas se realizaron movilizaciones, clases públicas y protestas frente al Palacio de Justicia para reclamar una definición de la Corte Suprema respecto de la cautelar presentada por las universidades.

También se desarrollaron medidas de fuerza en distintos establecimientos preuniversitarios del país, reflejando la preocupación existente en amplios sectores de la comunidad educativa sobre el futuro del financiamiento universitario.

El acuerdo firmado representa un paso importante para aliviar la tensión presupuestaria y salarial, aunque el conflicto de fondo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sigue abierto y deberá resolverse en el ámbito judicial.(Infobae)