Gobierno lanza ciberpatrullaje: agentes encubiertos en chats y redes

El Ministerio de Seguridad nacional presentó el martes 15 de julio el "Protocolo Particular para la Actuación de Agentes Encubiertos y Reveladores Digitales" (Resolución 828/2025), una herramienta que convierte a las plataformas digitales en zonas operativas para el accionar policial encubierto.

Firmado por la ministra Bullrich, el protocolo complementa la Ley 27.319, equiparando la investigación online con la presencial y dotando a los agentes de redes sociales, chats y sitios web con protección legal reforzada como "testigos especiales". Están habilitadas a participar la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, siempre bajo supervisión judicial.

La medida surge ante la "expansión exponencial" de delitos en el entorno virtual: estafas financieras, contaminación de menores (grooming), tráfico de armas y distribución de pornografía infantil. Además, obliga a las fuerzas a capacitar a sus agentes en investigación digital, marcando un antes y después en el enfoque del crimen organizado.

Expertos en ciberseguridad consideran que esta normativa "moderniza el accionar policial" y permite generar pruebas digitales con validez judicial, aunque advierten la necesidad de límites establecidos para proteger los derechos civiles.

Una innovación incluida en el protocolo es la posibilidad de utilizar identidades digitales ficticias -los llamados "avatares"-, que pueden tener documentación respaldada por el RENAPER, usados únicamente en investigaciones bajo orden judicial y resguardos específicos.

No obstante, esta modalidad genera polémica. Organismos de derechos humanos y especialistas advierten sobre los riesgos de que el espionaje digital se convierta en un mecanismo de represión o vigilancia política encubierta, sin marcos de control suficientes . El paralelismo con modelos del FBI y fuerzas israelíes también fue cuestionado por su posible impacto en las libertades civiles.

Este paso plantea un nuevo capítulo en la estrategia del Gobierno para combatir el delito en entornos digitales, combinando tecnología, adaptación legal y debate sobre protección de derechos. (Nuevo Día)