Grave ajuste en comedores: cierran Renacom y profundizan la invisibilidad alimentaria

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dispuso mediante la Resolución 393/2025 publicada en el Boletín Oficial el cierre del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCOM).

En su lugar, anunció que la supervisión se realizará a través de mecanismos presenciales y tecnologías digitales, bajo el argumento de "optimizar recursos y mejorar la administración."

La medida desató críticas inmediatas por parte de organizaciones sociales, que definen el cierre como "un ataque a los comedores populares", un dato que permitía conocer la red existente, su cobertura y necesidades en todo el país.

Nicolás Caropresi, referente de la UTEP, calificó el cambio como una forma de "borrar del mapa" a estas instituciones vitales, y advirtió que se desmantela un mecanismo esencial para garantizar transparencia y responder a la demanda real.

Pese a las promesas de auditorías y relevamientos, desde el sector popular denunciaron que solo se han visitado "menos del 10% de los comedores." Además, denuncian que la eliminación del registro no se acompaña de un sistema alternativo confiable, lo que aumenta la "oscuridad" en la política alimentaria.

Según destacaron, los comedores comunitarios no solo entregan alimentos, sino que representan un espacio de contención y monitoreo de necesidades alimentarias y nutricionales. Sin acceso a un registro central, se dificulta el diseño de políticas públicas eficientes y la medición del alcance real de la asistencia.

La decisión de suprimir el ReNaCOM se produce en un contexto de severa crisis socioeconómica en Argentina, caracterizada por altos niveles de pobreza y vulnerabilidad. En este marco, las comunidades organizadas y las iglesias incluso realizaron protestas como la "Jornada nacional de ollas vacías", para denunciar demoras en la entrega de alimentos y falta de respuesta estatal.

La eliminación del registro refuerza la percepción de recorte en las políticas alimentarias: comedores vacíos, miles de kilos de alimentos retenidos en depósitos estatales y denuncias de corrupción en la gestión anterior se combinan en un escenario de desprotección creciente.

En conclusión, anular el ReNaCOM en pleno contexto de emergencia alimentaria representa un retroceso significativo. La medida debilita la capacidad del Estado para diagnosticar, planificar y responder a la urgencia social. Sin información precisa ni registro formal, la política alimentaria queda expuesta a la arbitrariedad, la desatención y el riesgo de invisibilizar a quienes más lo necesitan. (Nuevo Día)